En los últimos días el caso de los carros “chutos”, así conocidos por ilegales, despierta inusitado interés en diferentes sectores de la población, empezando naturalmente por los propietarios de tales vehículos indocumentados que desde hace años están esperando la oportunidad de legalizarlos y en muchos casos convertirlos en “instrumentos de trabajo” y el caso del Gobierno que por lo visto apunta a lograr una recaudación millonaria.
Luego vienen otros sectores y es donde se acentúa la controversia sobre las ventajas o los perjuicios que se sentirán al aprobarse la disposición en todas sus instancias, según dicen, para bien o para mal dependiendo de cada caso y del uso que tenga la variedad de motorizados que serán –quiérase o no– incorporados al parque vehicular del país. Un cálculo mínimo refiere que hay mínimamente 50 mil vehículos sin papeles, por supuesto ingresados por las vías del contrabando, otros con documentos clonados, y en realidad, irregulares por cualquier lado que se los observe.
Se entiende que, “más pronto o poco después” la ley redactada por el Poder Ejecutivo y que con seguridad será aprobada y promulgada luego de pasar por la instancia mayoritaria del partido oficialista en la Asamblea Plurinacional, se convertirán en legales y estará en las calles de todas las ciudades, más en unas que en otras.
Un solo dato resulta escalofriante en el caso de Oruro cuando se menciona que, desde el pasado mes de abril y finales de mayo, más de 50 motorizados fueron decomisados en sencillos operativos aduaneros, lo que hace ver que por el lado más sofisticado del contrabando hay otra enorme cantidad de coches que están en una “ciudad intermedia” en la que no tienen pisada los miembros del COA y donde se oferta toda una variedad de vehículos y con varias alternativas de seudo legalización, Challapata se llama ese lugar.
Entre los coches indocumentados están los que ingresan al país por las rutas poco vigiladas que dominan los contrabandistas y que en mayoría provienen de la Zofri de Iquique. Hay que sumar los motorizados que han sido robados en países vecinos y que ya están en el país, algunos inclusive en poder de ciertas autoridades nacionales, a los que hay que adicionar aquellos coches que han sido reconstruidos, usan placas clonadas y en fin una cantidad de motorizados definitivamente ilegales que, por “obra y gracia de una acción política” se convertirán en legales generando aproximadamente unos 100 millones de dólares para el fisco, vía recaudación de impuestos de “regularización” de los ilegales, suma que puede ser corta frente a la cantidad total de los chutos.
El panorama es más o menos el que describimos, pero que también incluye las posiciones de los que se oponen a esa medida, el caso de los transportistas “confederados” que ven en la medida una abierta competencia, el caso de las autoridades municipales que se alarman pensando en el caos que se producirá en las calles, los ecologistas que hablan de la contaminación ambiental y finalmente el ciudadano común, confundido ante la medida porque podría favorecerle la existencia de más vehículos de servicio público, pero es posible que los niños y los ancianos estén en mayor peligro en las calles y que toda la ciudadanía se vea perjudicada en su tránsito por las calles, finalmente los importadores de vehículos cero kilómetros y absolutamente legales, que verán disminuir sus ventas, en realidad un problema serio que tiene un matiz muy peculiar, de legalizar lo irregular.
Fuente: LA PATRIA
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