Ni más ni menos, eso es lo que está pasando, hay libertad de prensa pero en el caso de las próximas elecciones de octubre los periodistas tendrán que tener un permiso especial para entrevistar, pero no es sólo eso, también deben recibir instrucciones precisas del órgano electoral para emitir criterios y hasta para formular preguntas, por tanto la presión del Tribunal Electoral se sentirá como una de las trabas absolutamente tangibles para censurar a la prensa.
Por lo menos hasta ahora la ignominiosa actitud de los asambleístas de la mayoría oficialista está en marcha tras la aprobación en grande de las supuestas modificaciones al controvertido artículo 82 del Régimen Electoral.
Pese a que en un momento de las “tratativas” entre Gobierno y Asambleístas se pensó que el asunto mejoraría con la instrucción presidencial para “considerar” el controvertido artículo, al final todo sigue igual y quizás peor que antes puesto que el mandatario promulgó la ley que está ya en vigencia, sin que se haya cambiado mínimamente todo aquello que se enmarca en restricciones y cortapisas al trabajo de la prensa.
Pero hay algo más incongruente en el manejo discrecional de la ley del régimen electoral y es que abiertamente se muestra una contradicción que, ni duda cabe, satisface la expectativa del oficialismo en la perspectiva de elegir a los más próximos ciudadanos “amigos” del esquema y sabe por qué, pues sencillamente porque la ley modificada en el parágrafo IV del art. 82 permite a los “representantes del Estado a que puedan emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguno de los postulantes” pero… sensiblemente ese mismo derecho se niega a la ciudadanía, a los diferentes postulantes y a los medios de comunicación. Así de claro y simple.
Estamos frente a una abierta trasgresión de los derechos democráticos de todos los bolivianos, hombres y mujeres que no podrán tener una guía elemental para decidir con su “voto limpio” la elección de los postulantes más probos para ocupar los delicados cargos del órgano judicial, un poder que muy fácilmente puede comprometer en el futuro inmediato la seguridad civil de toda la ciudadanía, librada a su suerte si por cualquier causa debe comparecer en los ya inseguros “estrados judiciales”.
Todavía hay la esperanza de encontrar la luz al final del túnel, podría aliviarse el malestar, las dudas y la incertidumbre si en una última fase, que se cumplirá más adelante, se enmienden los errores y se abra una opción de respeto a los derechos ciudadanos a través del reglamento de la norma para que los medios de comunicación conozcan los “límites y extremos” en el proceso de informar durante las futuras elecciones de octubre venidero.
Correspondería en justicia y equidad convocar a los dirigentes de organismos Periodísticos, profesionales y gremiales para coordinar -por lo menos- en ésta última fase de reglamentar la norma, lo que convenga a los intereses de la ciudadanía en general a través del trabajo que puedan realizar los periodistas, sin mordaza, sin presión y sobre todo en el goce pleno de sus derechos consignados en la Constitución Política del Estado, ahora alterados por una normativa ignominiosa que parece decir, digan lo que piensan… pero sin abrir la boca.
Fuente: LA PATRIA
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