El comercio ilegal de automotores en Bolivia ha reportado interesantes resultados y los primeros en introducir esta ilícita actividad fueron los narcotraficantes, puesto que prefieren los autos “chutos” o indocumentados para transportar su mercancía, por si acaso son detenidos o aprehendidos, porque resulta muy fácil dejar abandonado el vehículo y perder la droga, para evitar ser identificados y ser detenidos.
Las regiones del país donde existe mayor número de vehículos “chutos”, siempre tienen relación con zonas rojas del narcotráfico, donde por lo general existe comercio de estupefacientes y se realiza el trueque de automotores robados en otros países a cambio de alijos de droga, como ocurre en Challapata, el Chapare y los Yungas, donde hay gran oferta de autos, camionetas y otros motorizados traídos de Chile y de otros países vecinos como el Brasil, Argentina y Paraguay.
Este negocio de la venta de “chutos” es importante si se toma en cuenta que entre las gestiones 1994-2005 se ejecutaron siete programas de regularización de automóviles indocumentados que ingresaron por la vía del contrabando al país, habiendo sido nacionalizados 141.674 vehículos automotores, con un promedio de ingreso de casi 12.000 vehículos ilegales por año, lo que permitió una recaudación para la Aduana Nacional de Bolivia, por 1.128.733.238 bolivianos.
Empero, la nueva ley permitirá ahora nacionalizar otro número similar o quizá mayor al registrado en esos seis años, lo que demuestra que la ilícita actividad, tiene carta de ciudadanía, porque como denunció el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Isaac Ávalos, los más favorecidos resultarán ser “todos los policías que manejan autos chutos o robados”, demostrando así que el nivel de criminalidad en Bolivia, supera los límites previstos. Es importante aclarar que existen todavía jefes, oficiales y policías honrados, siendo incluso discriminados en su propia institución, porque no ingresan al fácil juego de delinquir para vivir bien.
A esto se suman las hallazgos de los vehículos con placas clonadas que involucran al ex comandante general de la Policía Boliviana, coronel Ciro Farfán, además del uso de placas “prestadas” para una “narcocamioneta” de lujo que utilizan en el Ministerio de Gobierno, a lo que se suma otro vehículo donado por la comunidad internacional que era utilizado con placas “prestadas” en el Ministerio de Desarrollo Económico, Productivo y Economía, donde la ministra Teresa Morales, aceptó que era evidente y responsabilizó al chofer del uso arbitrario e indebido del motorizado.
Aquí se aplica muy bien lo que en la jerga popular se dice: “Para muestra basta un botón”, lo que significa que ningún nivel del Estado Plurinacional está libre de culpa, puesto que estos hechos salieron a luz pública con las primeras indagaciones, será importante entonces conocer cuál sería el resultado de una investigación en toda la estructura de la administración central para identificar, cuantificar y demostrar a qué nivel llegó la corrupción de los autos “chutos”, con placas clonadas y prestadas.
Con esa constatación se podrá conocer que no sólo los policías tienen autos “chutos” o robados, sino que esta ilícita actividad ha corroído niveles más importantes de los poderes del Estado, porque sería raro que no exista ningún parlamentario que tenga auto “chuto”… alguno debe existir. Así que tenemos que darnos cuenta que algunas medidas que se aplican no siempre son para corregir errores, sino más bien para incrementar y dar luz verde a la delincuencia, que criminaliza la vida cotidiana y se convierte en una subcategoría de la desviación del delito de los ilícitos aduaneros.
Tampoco podemos ignorar que a la fecha el número de vehículos “chutos”, “transformers”, indocumentados y robados se incrementó y multiplicó por 10 en la Feria de Challapata, donde existe un libre mercado, donde no hay control ni de la Aduana Nacional ni de la Policía para evitar la compra venta de automotores, robados en Chile, donde “vendedores” bolivianos y chilenos internan los vehículos por las poblaciones fronterizas con Chile por caminos y rutas desconocidas, llegando con vehículos originales de los años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y hasta 2003, mientras que los “transformers” con volante a la derecha, tienen antigüedad del año 2001 a 1998.
Los traficantes de automóviles robados utilizan las mismas rutas del narcotráfico, por el salar de Coipasa por el paso fronterizo de Colchane y el Norte de Potosí, para luego volver hacia Challapata, donde la venta es segura y hasta se puede conseguir placas y rosetas de SOAT y de inspección para burlar el control en las trancas y llegar a cualquier ciudad en Bolivia. Similar situación ocurre en el Chapare, el Valle Alto de Cochabamba y la zona de los Yungas paceño, donde existen regiones de producción de coca y por supuesto de drogas, que generan esta ilícita actividad de la venta de autos “chutos”.
Ojalá la medida que se aplica pueda poner fin a los ilícitos aduaneros de automotores, porque de lo contrario, no tiene ningún beneficio, porque los ciudadanos honestos continuamos pagando impuestos para que los legisladores legalicen los delitos que cometen otros por la tolerancia que existe para la criminología, que debería tener un control social, como una premisa de evitar que la delincuencia siga campeando en Bolivia.
(*) Periodista
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