Modificación del artículo 82 no frenará sumisión de la justicia

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Todos sabemos que la actual justicia boliviana, está plagada de muchas anomalías, sin embargo, de la manera que se pretende corregir las mismas, con jueces subordinados al poder político del partido de gobierno, el remedio resultará peor que la enfermedad, expresó el asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco, en referencia a las modificaciones al artículo 82 de la Ley del Órgano Electoral: “No impedirán la intención del Gobierno de copar la justicia boliviana”, dijo.

En ese sentido, el legislador departamental, expresó el panorama que se vendría para el país, sintetizado en un conjunto de preocupaciones que debieran merecer la atención pertinente. Por tal motivo sistematizó en 8 puntos, los pro y contras de la anunciada modificación legal.

2.- Las observaciones y críticas a ambas disposiciones (Ley del Órgano Electoral y el Reglamento de Selección de postulantes), no han logrado identificar con la suficiente claridad, el riesgo que supone la aplicación de las mismas en la elección de magistrados y producto de ello, gran parte de la opinión pública, no identifica con precisión los alcances de la maniobra.

3.- Las iniciativas que denuncian el riesgo de que la justicia acabe subordinada al poder político, no han tenido la difusión suficiente y en el fondo, tampoco han esclarecido con la profundidad necesaria, las particularidades de la maniobra que se está orquestando, limitación que no permite que la ciudadanía asuma acciones concretas para frenar y oponerse a la maniobra.

4.- El interés, en algunos casos desmedido, de aparecer como promotores de una iniciativa por el voto nulo, da una señal de que existe disputa por la paternidad de esa acción, en la que se ven involucrados, intelectuales, políticos, analistas y otros actores; situación que muestra una tremenda debilidad de las posturas que se oponen a la maniobra en curso y no contribuyen al esclarecimiento de la situación.

5.- El riesgo casi inevitable de que finalmente el partido de gobierno logre colocar a sus militantes y allegados en los máximos niveles de la justicia boliviana, no es percibido con claridad y responsabilidad por el conjunto de voces disidentes y, más bien, están contribuyendo a consolidar la iniciativa, cuando su principal tarea debiera ser orientar a la ciudadanía sobre el peligro que representa la subordinación de la justicia en Bolivia.

6.- Desde la sociedad civil, no se percibe una línea discursiva más o menos homogénea, que explique la situación y menos lo que se debiera hacer para impedir que la justicia sea sometida, pasividad que hace temer, que como en anteriores oportunidades, el despliegue mediático oficialista acabe tergiversando la verdad, induciendo a la ciudadanía a participar de un proceso electoral, en el que se sepultará la justicia en Bolivia.

7.- Como ha sucedido en anteriores oportunidades (concretamente en la aprobación de la CPE), el Gobierno dispondrá de recursos económicos y logísticos para impulsar y garantizar que una buena parte de la sociedad boliviana vaya a votar en octubre por una de las opciones que ellos definan previamente en el Congreso, situación que implica una alta posibilidad de que los nuevos magistrados “electos”, respondan a los intereses y directrices del poder central.

8.- Partidos políticos de oposición, bastante débiles y en muchos casos con fracturas internas, no han respondido con la suficiente claridad a los acontecimientos y más bien, dan la impresión de que estuvieran apostando (anticipadamente) a consolidarse como alternativas para el 2014, sin reparar que esa posibilidad, está fuertemente relacionada con los resultados de esta coyuntura, lo que implica que antes de tratar de posesionar mejor en el electorado nacional, debieran contribuir decididamente para impedir que se haga realidad la amenaza contra la justicia boliviana.

JUSTICIA INDEPENDIENTE

“Necesitamos una justicia independiente, particularmente del poder político, pero no sólo de él, también de los poderes económicos y sobre todo del narcotráfico y el crimen organizado. Una justicia que garantice el derecho de todos los ciudadanos, que se constituya en árbitro imparcial de las controversias entre las personas y de éstas con el Estado; que persiga el crimen, la corrupción, los negociados y no apañe a los poderosos e influentes, en perjuicio del interés y derechos de las personas y la colectividad”, puntualizó el asambleísta Eduardo Campos.

Finalmente, manifestó que según los expertos e investigadores sociales, los niveles de desarrollo que alcanza una sociedad, están en directa relación a tres factores fundamentales: Organización (buen gobierno) desarrollo de economía (sostenibilidad material) y buena administración de justicia (garantías de derechos individuales y colectivos).

“En ese contexto, resulta muy trascendente la decisión que asuma la ciudadanía boliviana. O permite que se subordine la justicia boliviana, facilitando que se imponga la maniobra de coparla por el poder político o por el contrario, asume la defensa ya no sólo de la justicia, sino de la propia democracia”, concluyó.

Fuente: LA PATRIA