Está visto que la gran promoción (mediática) que se ejerce en alguna actividad gubernamental no siempre es prudentemente controlada y el entusiasmo con que se emiten los primeros informes generalmente crean confusión en el pueblo que es receptor de las “buenas nuevas”… aunque sean muy confusas.
Eso es lo que ha sucedido por ejemplo con el anuncio oficial del Gobierno de suspender a la Policía la entrega de cédulas de identidad y licencias de conducir, para que, como se dijo originalmente, “organismos privados” se hagan cargo de tal tarea frente a los reclamos de la ciudadanía que mencionaba alta corrupción en los trámites de esos documentos básicos de identificación.
Pasada la sorpresa del anuncio inicial comienzan las conjeturas y naturalmente las dudas sobre el verdadero motivo de la medida y su destino alternativo, tanto así que para unos el remedio puede resultar peor que la enfermedad, dadas las condiciones descritas posteriormente señalando que las dos dependencias serán parte de dos ministerios, cédulas en la cartera de Gobierno y licencias en el Ministerio de Obras Públicas. No se independizan los sistemas como seguramente se pensó inicialmente acudiendo a la participación privada.
Simples explicaciones dan por sellada la medida, justificada en el proceso de transformación estructural de la Policía boliviana en una medida que ejerce el Poder Ejecutivo creando dos instituciones ligadas de algún modo con el Órgano Electoral que administra el Padrón Biométrico y el Registro Civil.
De acuerdo a los proyectos de ley que se perfilan para definir el cambio, el Servicio General de Registro Ciudadano encargado de la emisión de cédulas de identidad será una institución descentralizada del Ministerio de Gobierno por estar comprometida la seguridad del Estado, mientras que el Servicio General de Licencias de Conducir estará bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Transporte.
Ahí está el detalle, que no es tan simple, pues hay quienes opinan sobre el tema y señalan que “sacar el servicio de la Policía y pasarlo al Poder Ejecutivo tiene simples variantes… y se mantiene una dependencia directa que puede ser significativamente dudosa si de manejar datos de identificación se trata”.
El otro problema –menos mal superado– correspondía al anuncio inicial de quien se hará cargo de las dos instituciones, cuando se afirmó que el número de identificación ciudadana cambiaría con la nueva administración. Tamaño despropósito tuvo una enmienda urgente, aclarando que “el número de la cédula de identidad no cambiará” con lo que se evitará la serie de problemas que hubieran surgido en el reconocimiento de certificados profesionales y otros muchos que llevan por norma el número de la cédula de identidad y que desde hace años, identifica a los bolivianos recién nacidos, con un registro numérico que no debe cambiar el resto de su vida.
Lo que debe aclararse ahora es el método que se empleará para la transferencia de servicios, de manera que no se interrumpa el otorgamiento de cédulas de identidad o licencias de conducir y que la renovación paulatina no se convierta en un calvario para la ciudadanía.
Lo fundamental es que a partir del cambio el ciudadano, se sienta seguro para requerir los documentos de identidad personal o licencia de conducir que le sean entregados en corto tiempo y con las seguridades que conlleva una gestión regular y absolutamente legal.
Fuente: LA PATRIA
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