SIP rechaza ley que sanciona a medios que no emitan mensajes presidenciales

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, rechazó ayer la aprobación de una ley de telecomunicaciones que establece sanciones para los medios de comunicación que no transmitan los mensajes presidenciales.

Dijo que se trata de una muestra de “abuso de poder” imponer de “forma obligatoria” a los medios la divulgación de sus mensajes.

El proyecto de ley de Telecomunicaciones presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional establece que los medios de comunicación que no transmitan los mensajes presidenciales serán sancionados.

“Los operadores de radiodifusión de señales de radio y video (TV Cable) están obligados a realizar transmisiones en cadena sin pago alguno de los mensajes oficiales del Presidente del Estado Plurinacional dirigidos a todos los bolivianos y bolivianas del país”, dice textualmente el artículo 10 del proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones presentado por el presidente Evo Morales al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera.

No obstante, el Ministro de Comunicación, Iván Canelas, dijo ayer en Sucre que el Órgano Ejecutivo solicitará al Legislativo un informe para conocer los alcances de esa nueva normativa.

En la presentación el Ejecutivo solicita “a los representantes nacionales la aprobación constitucional pertinente”.

El parágrafo II del mencionado artículo 10 establece que “el incumplimiento al presente artículo dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas”.

El proyecto de ley al que tuvo acceso LA PATRIA fue remitido al Legislativo dos semanas antes de que el Presidente Morales pidiera expresamente la modificación del artículo 82 de la nueva Ley de Régimen Electoral en respuesta a las denuncias de las organizaciones de prensa que revelaron un atentado contra la libertad de información y expresión.

DENUNCIA

“Nos encontramos ante un abuso de poder que restringe la libertad de prensa y el criterio editorial de los medios, al imponer en forma obligatoria y gratuita que se divulguen los mensajes de un Presidente”, advirtió Marroquín en un comunicado público.

Lamentó que “se sigan promoviendo leyes restrictivas de la libertad de expresión en varios países sudamericanos”.

La SIP manifestó también su preocupación por las normas que prohíben a los medios que entrevisten u opinen sobre la elección de magistrados en Bolivia.

Marroquín destacó que “en todo país democrático” y allí donde “reina el Estado de derecho” sólo se contemplan como obligatorios aquellos mensajes que sean “útiles y de interés público”, como en los casos de “seguridad nacional, conmoción interna o emergencia sanitaria”.

“Una imposición de este tipo es darle una licencia al Gobierno para emitir propaganda sin límites, aún cuando la información no tenga relevancia para la ciudadanía”, dijo el Presidente de la SIP.

El proyecto de Ley también contempla acortar de 20 a 10 años el plazo de vigencia de las concesiones a los medios radioeléctricos, así como la aplicación de penalidades en caso de interferencia.

La norma de telecomunicaciones obliga a los operadores a “cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas de manera gratuita y oportuna las redes y servicios” en casos de “guerra internacional, conmoción interna, desastres naturales, calamidades públicas y paralización de servicios públicos”.

Si los medios incumplen con esa prescripción sufrirán “secuestro o embargo de equipos y material, multas e inhabilitación temporal para ejercer las actividades en telecomunicaciones”.

INTIMIDAD

También se establecen normativas que ponen en duda la vigencia del derecho a la intimidad cuando se manda que la titularidad de un correo electrónico provisto a un trabajador por su empresa corresponderá a ésta, que podrá “acceder y controlar toda la información que circule” por dicho correo y “prohibir su uso para fines personales”.

La diputada opositora Norma Piérola dijo que la norma es un “abuso y atropello” contra la libertad de expresión y que no se puede obligar a los medios a transmitir los numerosos y “largos” discursos de Morales.

Recordó que una ley similar rige en Venezuela donde su “colega y mentor Hugo Chávez” busca “un adoctrinamiento total”.

Pero según la justificación de motivos, el Gobierno tiene el “dominio” sobre el “espectro electromagético”, como lo establece la nueva Constitución Política del Estado.

El proyecto propone castigar con cárcel la falsificación y manipulación de documentos digitales, la violación de la correspondencia electrónica y el sabotaje informático, entre otros nuevos delitos que se incluirán en el Código Penal.

La Ley propuesta por el Jefe de Estado ingresará a la Cámara de Diputados esta semana.

Fuente: La Paz, 25, LA PATRIA.-