El concepto acuñado para los ochenta, como la “década perdida”, en el correr del tiempo se ha convertido en el resultado de un prolongado período de dispendio económico, desestructuración institucional del Estado y de “relajamiento moral” que, innegablemente, perdura pese a los veinte largos años transcurridos y a los esfuerzos que realiza la sociedad por encontrar una senda que permita al país salir de ese atolladero que tiene sometida a Bolivia. Los bolivianos no podemos conformarnos con las enseñanzas que, aquel tango argentino nos repite cada vez que un programa radial o televisivo, coloca en nuestros oídos la frase: “veinte años no es nada”.
Para un país que está sujeto a las cadenas del subdesarrollo, la insolvencia moral y, por lo tanto, que somete a cada uno de sus ciudadanos al riesgo permanente de ser, en cualquier momento, víctima de la delincuencia que tomó “carta blanca” en todas las ciudades capitales de los nueve departamentos y sus entornos urbanos, cada minuto o cada hora es importante. Esta la razón que la sociedad boliviana tuvo para construir durante el final del siglo pasado y hacer frente a la inercia política en el presente milenio, la “proclama del cambio” que no se dio con la profundización del neoliberalismo y menos con el post liberalismo o socialismo del siglo XXI.
Por el contrario, su agudización ha determinado que afloren los fenómenos de la corrupción personal e institucional y otros delitos que, de alguna manera, se conviertan en escándalos políticos que “no se los puede tapar con un dedo”. Nuevamente encontramos una crisis de Estado que se agudiza y los problemas no sólo económicos, sino estructurales, impiden al gobierno encontrar soluciones en este conflictivo escenario y, peor avanzar en su aspiración de tomar el control total del Estado.
El país de la coyuntura no sólo observa con asombro, cómo funcionarios de Estado se ven involucrados en delitos de corrupción y narcotráfico, sino que las instituciones llamadas a preservar el orden y la seguridad interna del país hayan sido penetradas en su estructura y que, indefectiblemente, esos males están destruyendo su integridad moral. Este es el caso de la Policía Nacional, de la Justicia Ordinaria, de las propias Fuerzas Armadas de la Nación y de otras instituciones que, según las encuestas, alcanzaron niveles asombrosamente muy bajos en cuanto a su credibilidad y confianza de la sociedad.
El régimen gobernante no tiene posibilidades de sostener que, los casos descubiertos y públicamente conocidos, se tratan de hechos aislados y que… etc., etc. Desde hacen cinco años que se habla de hechos concretos, por ejemplo: dos hermanas en función de gobierno, “pescadas” transportando cocaína; un ministro de Estado mencionado como responsable de un cargamento de contrabando transportado en 33 camiones hasta el norte del país, el asesor espiritual del Presidente del Estado comprometido con un cargamento de cocaína, el ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, involucrado en tráfico de drogas (ahora en los Estados Unidos), un oficial de policías denunciado por delitos de violación y, finalmente, el comandante general de la Policía Nacional, mencionado en un hecho delictivo de clonación de placas. En todos ellos, que son pocos los mencionados, se iniciaron las investigaciones y nunca terminaron con el proceso ni en la Fiscalía y menos en la justicia ordinaria.
Informes internacionales y nacionales revelan que la Policía y la justicia ordinaria, constituyen “fuentes masivas de corrupción” y, por ello, su credibilidad es cero. Cotidianamente se denuncia que el carné de identificación personal significa un “importante instrumento” de ingresos ilegales a favor de los policías, al igual que la administración de licencias de conducir. En segundo plano, por el momento, se encuentran la administración de los pasaportes en oficinas de Migración y las llamadas “trampas” y las violaciones a normas del tráfico vial, a manos de la Dirección de Tránsito. El “agente de parada”, nada más que tiene que hacer sonar el silbato, acusar al conductor y extender la mano, para solucionar el problema, de manera directa, hoy por hoy, con veinte bolivianos. La justicia ordinaria a través de operadores claves, en todos sus niveles, tienen sus propios mecanismos de “recaudación”, siempre con las debidas previsiones para hacer funcionar el mecanismo con la sutiliza que exige la reserva y cautela necesarias.
Para nadie es desconocido esta forma de actuar y esta costumbre “ha tomado cuerpo de ley”, por lo tanto, lo ilegal se ha convertido en un hecho natural y que “a nadie debe sorprender”. Aparentemente, muy tarde se comenzaron a adoptar medidas que, con un poco de voluntad, podrían avanzar. Lo contrario, significará recular una vez más, como ha ocurrido en el pasado.
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