Ante el inminente tratamiento del anteproyecto de “Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular” y su próxima aprobación hay sectores que consideran la medida como ilegal, irracional y que sólo servirá para fines económicos del Gobierno, pero complicando seriamente el parque automotor nacional que se verá sobresaturado de movilidades, aumentando el caos en las ciudades.
Según algunos funcionarios de Aduana el hecho servirá para que al ser “nacionalizados” por lo menos 7 mil motorizados, el Estado recaude más de 40 millones de dólares, que buena falta le hace para compensar los gastos que tiene el Gobierno para cubrir el incremento salarial del 1% adicional al ya fijado del 10%. Según se sabe ese punto más de beneficio salarial significa 30 millones de dólares, suma que sería cubierta en su etapa inicial con la recaudación a través de la i-regularización de los carros “chutos”.
Hay que recordar que en pasadas gestiones, propiamente entre la década de los años 90 y hasta el 2004, se cumplieron varios programas de regularización de vehículos indocumentados los que ingresaron al territorio nacional vía contrabando.
La estadística consignada en los informes de ese tiempo señala que en seis procesos se nacionalizaron 140 mil motorizados de diferente modelo, pero especialmente autos y vagonetas, lo que permitió al Estado de manera global recuperar más de mil millones de bolivianos. Esa recaudación sirvió también para cubrir en determinado periodo cuentas pendientes del Estado.
En el proceso que se vislumbra para muy pronto se establecerían algunos parámetros “de temporada”, estimándose que el valor de nacionalización de un motorizado dependerá de su modelo, marca, cilindrada y otros detalles que permitirán la aplicación de un impuesto que fluctuará entre los 5.000 y 10.000 dólares, a lo que se agregarán impuestos directos, el gravamen arancelario (GA), el IVA y el ICE entre otros, lo que fácilmente sumará entre 8 y 12 mil dólares, dependiendo del tipo de vehículo.
La norma que está siendo revisada para su tratamiento, permitirá por lo menos la legalización de unos 7 mil motorizados que se encuentran en depósitos de zonas francas y que cumpliendo los requisitos ya señalados serán incluidos al “parque automotor” local y al nacional, aumentando el caos de las ciudades.
No sólo se trata de complicar la ya compleja circulación de motorizados en las calles, sino que según los dirigentes del autotransporte público se “legalizará una competencia abierta” con los actuales transportistas de pasajeros, situación que influirá negativamente en la complicada y dura competencia existente en la actualidad, por lo que se opondrán a la aprobación de la anunciada normativa.
Las repercusiones de la intencionalidad ya se conocen, hay oposición a una nueva regularización de carros “chutos”, pero existe la presión de los dueños de esas movilidades que fueron “atrapadas” en zonas francas con un D.S. que impedía el ingreso al país de coches que tengan una antigüedad mayor a cinco años.
Las cosas funcionan de ese modo, antes existía oposición a legalizar los carros de contrabando, hoy se espera la aprobación de una Ley de regulación y saneamiento vehicular que le reportará al gobierno algunos millones de dólares pero ocasionará un grave problema de competencia y desorden en el parque automotor nacional…es lo que se denomina una “irregularización” que sólo fomentará el contrabando de autos, el crecimiento de la economía informal y la saturación de motorizados en las calles.
Fuente: LA PATRIA
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