Sólo los medios del Gobierno aceptan elección sin información

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El salón contratado en un hotel por el Tribunal Supremo Electoral, (TSE), para “consensuar” con las organizaciones de prensa y los dueños de medios de comunicación la aprobación del reglamento de convocatoria a elección de jueces el 16 de octubre quedó grande para la poca cantidad de periodistas que participaron del evento.

Solamente los periodistas representantes de los medios de comunicación del Gobierno, la radio Patria Nueva, el periódico Cambio y los ejecutivos de algunos medios privados participaron del desayuno trabajo con el presidente del TSE, Wilfredo Ovando.

Los dirigentes de las principales instituciones que representan a los periodistas a nivel nacional y departamental, llegaron hasta el lujoso hospedaje para entregar a Ovando una carta en la que reiteraron su pedido de derogatoria de los artículos 82, 83 y 84 de la ley de Régimen Electoral y los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

OBSERVACIONES

Pese a la posición de Ovando, el vocal Ramiro Paredes dijo que no hay violación a la libertad de expresión ni al derecho a la información reconocidos en la Constitución y descartó cualquier posibilidad de pedir al Legislativo la modificación de esas normas.

El director nacional de Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), Andrés Gómez explicó que “el artículo 82 de la Ley de Régimen Electoral viola los artículos 21 y 106 de la Constitución Política del Estado y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“Por tanto (esa normativa) no puede ser aplicada a partir de un reglamento como se pretende hacer”, dijo.

Gómez dijo que el Órgano Electoral “en su calidad de Cuarto Poder del Estado debe solicitar al Órgano Legislativo la reforma del artículo 82”.

El director de radio Patria Nueva, Iván Maldonado dijo contradictoriamente que el artículo 82 “no viola la libertad de expresión” y justificó la prohibición de las entrevistas periodísticas.

En la misma posición se ubicó el director del diario Cambio, Delfín Arias.

Pero la Asociación de Periodistas de La Paz, (APLP), advirtió en un comunicado que “es inconstitucional mantener vigentes los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley del Régimen Electoral, porque irrefutablemente son contrarios a la Constitución y a la Libertad de Expresión e Información”.

“No entendemos esta aberrante postura”, dijo la APLP.

La APLP también recordó que la Constitución “vigente -obra del actual régimen- dispone en su artículo 106, parágrafo II, que ‘el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa’”.

Observó que “otras de sus previsiones refrendan –y no condicionan en caso alguno- la Libertad de Expresión e Información y advierte que “debido a que la Constitución tiene alcances divergentes, lo que corresponde es someterla a una nueva consulta en las urnas”.

“Los medios y los periodistas conocemos exactamente las funciones y obligaciones que debemos cumplir”, dijo la APLP.

“Jamás aceptaremos, entonces, que algunas autoridades -gubernamentales y electorales- pretendan disponer sobre lo que puede o no debe hacer el periodismo. El principio también es válido para las elecciones del Poder Judicial”, advirtió la organización representativa de los periodistas.

Recientemente, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su Informe anual 2010, se pronunció críticamente sobre las acciones restrictivas del Gobierno contra los medios de comunicación y los periodistas en Bolivia.

El informe de esa institución internacional determinó que “si bien es cierto que el Estado tiene razones para intentar establecer reglas que aseguren la equidad electoral, también lo es que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión cumple un rol fundamental en los procesos electorales, ya que a través de su ejercicio los ciudadanos pueden acceder a información vital para conocer las distintas propuestas de los candidatos a acceder a cargos públicos”.

Esa Relatoría también observó que “al concentrar la difusión de información únicamente en el Órgano Electoral, la ley parecería estar yendo más allá de lo estrictamente necesario para cumplir los fines legítimos que busca conseguir”.

Fuente: La Paz, 19, LA PATRIA.-