Dada la justificada resistencia de los periodistas y los medios de comunicación a las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al anunciar una serie de restricciones para el trabajo periodístico en el proceso de selección de los nuevos magistrados, han surgido opciones nuevas que pueden cambiar ese negativo panorama, permitiéndonos avizorar el respeto a los derechos ciudadanos.
Al cierre de la semana el presidente del TSE a tiempo de fijar para el 16 de octubre próximo las elecciones judiciales, formuló una invitación a los medios de comunicación a informar del proceso sin restricciones, dejando abierta la posibilidad de que los periodistas puedan incluso lograr entrevistas con los candidatos.
Un “cambio de timón” en la conducción del futuro proceso, justamente cuando se oficializa la puesta en marcha del proceso y se define un calendario para que lo cumplan los postulantes en función a las normativas establecidas en la ley y su propia reglamentación.
Lo que mencionó la autoridad electoral –según la prensa– es un hecho interesante, cuando aclara que “los medios deben orientar su labor informativa en el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes y principios de equidad e igualdad, sin discriminación, ni exclusión alguna, sin preferencias, ofreciendo y otorgando igualdad de oportunidades a todos los candidatos”.
En realidad los periodistas no desconocen los derechos ciudadanos, menos pueden cometer el error de marcar discriminaciones, uno porque es muy importante cumplir el apostolado de servicio con mucha responsabilidad y otro porque existen condiciones de presión directa por parte de los políticos sobre la actividad de la prensa en su conjunto. Por eso lo que señaló la autoridad electoral no es nada excepcional, aunque hay que reconocer que se trata de un “retorno a la legalidad”… todavía no plena e irrestricta, pero con menos sabor amargo a lo que significaba prohibir la tarea informativa.
Ahora bien, el mensaje del alto personero electoral tiene de momento nada más que una significación teórica y de buena intención que puede significar un factor de garantía para la prensa y los medios, pero… lo correcto sería que en aras del respeto a la democracia y la Constitución se tramite la aprobación de una “ley modificatoria que asegure transparencia y pluralidad en la delicada etapa de la preselección de postulantes y que la tarea periodística no tenga limitantes”.
El ahora conocido “cuarto poder” del Estado, Tribunal Supremo Electoral, ya definió el calendario para la elección de 56 autoridades, entre titulares y suplentes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, dejando abierta la posibilidad de que los postulantes que “resulten seleccionados en la Asamblea Constituyente puedan hacer conocer su hoja de vida y ser entrevistados por los periodistas”.
Se espera que no surjan contradicciones en el transcurso de los días próximos sobre las buenas intenciones de cambiar las restricciones por atribuciones que están plenamente reconocidas en la CPE, y son parte fundamental de los derechos ciudadanos al amparo de la democracia vigente, es decir libertad de expresión y libertad de prensa.
Fuente: LA PATRIA
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