Gobernación no asume acciones concretas en el caso Puerto Seco

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El pasado 5 de mayo, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Edgar Ajata Mariaca, presentó informe escrito ante la Asamblea Legislativa Departamental, contrario a la petición de informe oral, actitud que nos permite evidenciar que la Gobernación, no está asumiendo acciones concretas en el caso puerto seco, expresó el asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco.

Ante la pregunta, respecto de la situación jurídica del proyecto Puerto Seco, Edgar Ajata señaló que el mismo está siendo objeto de investigación penal, iniciado por denuncia del Viceministerio Anticorrupción, habiéndose ampliado la investigación contra el personal clave de la empresa Proitec. Esta información, incompleta e inexacta, no hace ninguna referencia a los procesos que ya son de conocimiento público, como los delitos de falsedad material e ideológica, estafa, contratos lesivos al Estado y otros cuando lo que correspondía era presentar una relación pormenorizada de la situación.

Más adelante, ante la pregunta: ¿Qué acciones asumió la Secretaría Jurídica como consecuencia de la acción penal que se ventila en el Ministerio Público?, el funcionario de la Gobernación respondió que se viene prestando toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos, así como las acciones pertinentes para la recuperación del posible daño civil ocasionado.

“Llama la atención que el secretario Ajata, señale que se está prestando toda la colaboración necesaria, cuando en su respuesta a la primera pregunta, no hace ninguna relación de los hechos. Es decir, no se sabe qué tipo de colaboración se está prestando y en cuál de los procesos en curso; tampoco aclara, qué acciones ha tomado la dirección jurídica para garantizar que se recuperen los daños económicos a la institución”, puntualizó Campos.

En respuesta a otra pregunta (la séptima), que refiere a las alternativas de solución que la Secretaria Jurídica hubiera propuesto para resolver el caso, se manifestó que se debe esperar los resultados de la investigación. “Nuevamente, el secretario jurídico, no hace referencia a cuáles son las acciones concretas que la Gobernación está tomando para defender los intereses de la institución y responde con una generalidad”, reiteró.

A lo señalado habrá que mencionar que dicha respuesta escrita, aún no ha sido considerada en el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, habiéndose pasado copias de la misma a las presidencias de la Comisiones, situación que nos muestra el poco interés de abordar el tema por parte de la propia Asamblea Departamental, indicó Campos.

Por otro lado, se ha conocido que a iniciativa de la brigada parlamentaria, se ha realizado una reunión interinstitucional, con presencia del gobernador, ocasión en la que se hubiera formado una comisión para indagar ante el ministerio público y gestiones ante la CAF (Corporación Andina de Fomento), para garantizar que el crédito de esa institución, destinado al pago de parte del costo del estudio, pueda pasar a un fideicomiso, explicó.

En este tema se conoce que existe el riesgo inminente de que las dos boletas de garantía, que aún están vigentes, puedan perderse una vez que se cumplan los plazos, motivo por el cual, es urgente que se tomen las decisiones correctas.

En este sentido, Campos sostiene que se puede inferir que no existe una voluntad clara por parte de los principales actores políticos del Movimiento Al Socialismo en el departamento para abordar y resolver la situación del proyecto.

“De manera pública y en reiteradas oportunidades, he sugerido que el Gobierno Departamental deba constituirse en parte coadyuvante de los procesos judiciales que están en curso, cumpliendo lo que establece la responsabilidad por la función pública y acatando lo dispuesto por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz; también he insinuado que la Gobernación inicie procesos internos para establecer la responsabilidad de funcionarios y ex funcionaros involucrados en estos hechos, de manera que se puedan establecer sus responsabilidades. Finalmente y ante la evidente demostración de que hubo dolo para arrancar el consentimiento para la firma del contrato de adjudicación del estudio a diseño final, proyecto Oruro Puerto Seco, corresponde que la Gobernación plantee la nulidad de contrato y el cobro de las boletas de garantía aún vigentes, así como el resarcimiento de daños y perjuicios provocados”, finalizó el asambleísta departamental Eduardo Campos.

Fuente: LA PATRIA