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Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 Debemos elegir a nuestros jueces - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
Un hecho inédito se producirá en nuestro país en el todavía lejano mes de octubre cuando los bolivianos asistamos a las urnas para elegir a las autoridades del más alto nivel de la judicatura nacional, es decir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional, una gran cantidad de personajes que al final y por las circunstancias del caso, pasarán a ser nuestros jueces.
En el sentido práctico que marca la CPE incorpora por vez primera en nuestra historia la elección por voto ciudadano de los juristas que administrarán la justicia – se supone - en un marco participativo y ampliamente democrático que permita seleccionar a los mejores profesionales hombres y mujeres que se hagan cargo de la delicada función de impartir justicia correctamente.
Hay que señalar que hasta el presente y desde la creación de la República los altos miembros de la justicia respondían a designaciones del Poder Ejecutivo, en la mayoría de los casos bajo cierto lineamiento político, aunque grandes exponentes de las leyes mostraron su total independencia del poder central y administraron justicia con absoluta probidad, dejando huella en el camino de la justicia y la aplicación de las leyes.
Desde hace poco tiempo atrás, aunque se esmeren en niveles oficiales para decir lo contrario, una serie de hechos demuestran que se “judicializó la política” o por mejor decirlo “la política intervino en la justicia” con una serie de designaciones “a dedo”, midiendo antecedentes, comprometiendo conciencias, vulnerando las leyes y afectando seriamente a los políticos de oposición, perseguidos, encarcelados sin juicio y sentencia, por un lado, mientras por otro la venda en los ojos de la justicia no percibe a delincuentes, ignora delitos de los parciales oficiales y abre claramente el mayor espacio a la injusticia que se entroniza en el ministerio público y se consolida en los pasillos de las cortes de justicia.
La medida de elegir a los nuevos magistrados por el voto ciudadano, podría ser una solución al reinado de la injusticia, empero con las condiciones actuales y con las limitaciones que marca el Tribunal Supremo Electoral, al restringir la participación de la prensa para conocer a candidatos y divulgar mínimamente sus antecedentes, es poco lo que se deja al elector para buscar a los mejores candidatos, abriéndose la gran duda sobre una flagrante manipulación de nombres en las instancias de la Asamblea Plurinacional con mayoría oficialista, donde se tamizarán antecedentes y se habilitarán postulantes.
La inseguridad jurídica está planteada de ese modo, especialmente si como se observa cotidianamente el Ministerio Público seguirá subordinado al Poder Central, desde donde se ejerce presión para “anular” particularmente a los opositores o para crear condiciones propicias que distraigan la atención ciudadana frente a los problemas de orden social.
Bajo esas condiciones, por lo menos vigentes hasta ahora, realmente no hay necesidad de que los postulantes hagan campaña, sin embargo queda el grave antecedente de limitar el derecho a la información que tiene la ciudadanía en una clara y abierta contradicción con los fines democráticos de elegir por voto a las autoridades de la justicia.
Fuente: LA PATRIA
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