Una nueva oportunidad

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falló que la cadena perpetua para personas que cometieron delitos cuando eran menores de edad violaba la prohibición del castigo cruel e inusual que establece la octava enmienda de la Constitución. La decisión judicial incluye violaciones, robos armados y secuestros, pero no homicidios involuntarios.

Quantel Lotts, un negro de 25 años, mató a su hermanastro blanco hace diez años en un forcejeo que subió de tono hasta la cuchillada letal. Tenía 14 años y su hermanastro 17.

“No creo que sea culpable. Pero si lo fuera, ha cumplido su tiempo. Debería salir”, dice la señora Lotts para The New York Times. Como los abogados de otros dos jóvenes que tenían catorce años de edad al cometer delitos similares, pide que se extienda la decisión de la Suprema Corte a casos como el de su hijastro. Esta nueva interpretación legal le podría abrir las puertas de la libertad condicional a más de 2.500 presos en Estados Unidos.

Incluso si un menor ha vivido episodios que le han hecho perder su inocencia, la protección de ciertos derechos puede impulsar la creación de nuevas inocencias. Uno de los principales obstáculos radica en las políticas carcelarias de algunos países, enfocadas más al castigo que a la prevención y a la reeducación. En Estados Unidos, cerca de 30.000 menores de 18 años en Estados Unidos pasan una noche cualquiera en un centro de detención, según la Coalición para la Justicia Juvenil (Coalition for Juvenile Justice).

Cerca de 10.000 cumplen condenas en centros penitenciarios para adultos, donde se denunciaron 17.000 abusos sexuales a menores de edad en 2008. Las cifras aumentan cada año con la creciente sobrepoblación de las cárceles como fruto del endurecimiento de las penas por delitos menores, muchos de ellos relacionados con las drogas. Estas “ofensas” involucran a jóvenes y a menores de edad en mayor medida. Sólo el 22% de los menores de edad detenidos han cometido delitos relacionados con la violencia. Muchos jóvenes salieron en libertad sin cargos, pero nada borrará las huellas de la cárcel.

Los menores de edad, considerados “carne fresca” en los centros penitenciarios, están más expuestos a abusos sexuales. Un preso que ya ha sido violado se identifica como “presa” vulnerable y tiene más probabilidades de volver a sufrir abusos, como sostiene la ONG Just Detention International. Esto tiene consecuencias graves para la salud física en un entorno con violencia, carencias educativas, medidas deficientes de sanidad y de protección sexual. Los menores están expuestos a enfermedades de hepatitis, VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Muchos presos se libran de estas enfermedades y de otras secuelas físicas de las violaciones, pero rara vez lo hacen de consecuencias en su salud mental. Cuando salen de la cárcel -el 95% de los presos en Estados Unidos lo hacen– llevan consigo el estrés post-traumático, el alcoholismo y la drogodependencia que desarrollaron como mecanismo de defensa ante el horror. La adaptación y la inserción en este sentido se suman a las dificultades para encontrar trabajo, así como para restablecer lazos familiares y de amistad.

La Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de todo menor de edad a no cumplir condenas de pena de muerte ni cadena perpetua sin libertad condicional. La ratificación de esta convención por parte de todos los países del mundo, con las excepciones de Estados Unidos y Somalia, confirma como derecho internacional vigente esos mínimos. La convención también reconoce el derecho a protección contra toda forma de explotación y abuso sexual, y el derecho a la salud como la define la OMS: un estado general de bienestar. Si muchos adultos han sido capaces de romper atavismos con partes de su pasado de las que luego se arrepintieron, los menores de edad aún podrán crear una nueva inocencia.

(*) Periodista y Coordinador del CCS

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