Incertidumbre sobre Nuevo Código Minero

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Teniendo plena conciencia de una realidad ineluctable como es el valor de la minería boliviana que seguirá siendo sostén de la economía nacional por muchos años, hay que convenir en que las normas que se dicten para su desempeño deben ser efectivas, prácticas, reales y flexibles y no incurrir en errores que influyan negativamente en su inmediato y futuro desarrollo.

La circulación de rumores que se originan en el propio aparato estatal y en los organismos específicamente responsables del manejo minero, el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) o la Comibol, manteniendo la incertidumbre sobre el destino de varias minas con la corriente de “una posible nacionalización”, generan una reacción lógica entre los operadores mineros, los que tienen concesiones o invirtieron en minas alquiladas e inclusive quienes suscribieron contratos mixtos con el Estado a través de la Comibol o los muchos mineros asociados en cooperativas, que no saben cuál será el destino de la minería.

Miles de personas viven al amparo de la minería, los mineros directos, las familias de estos y de manera indirecta beneficiarios conexos, como los proveedores de servicios a las minas, alimentos, insumos variados, materiales, medicinas, repuestos, transporte, energía y otros que se nutren de la actividad minera de manera indirecta y que son también parte de ese conjunto de beneficios que permite la diversificación de oportunidades desde la productividad minera, incomparable su beneficio si se mide su efecto con otros sistemas productivos del país.

Por esas circunstancias especiales es que se formulan recomendaciones y sugerencias especiales desde los sectores productivos mineros, instando a las autoridades y políticos encargados de elaborar el proyecto de la Nueva Ley Minera, tomar en cuenta las excepcionales condiciones que ofrece la minería para solventar con absoluta garantía la economía nacional, proceso que debe fortalecerse con la aprobación de normas que precautelen el sistema y que defiendan las riquezas mineralógicas de la Nación, pero al mismo tiempo que garanticen las inversiones para su desarrollo sostenible.

La política administrativa del Estado tiene que dirigirse a la búsqueda de lograr más riqueza para ampliar las fuentes de empleo y la seguridad de la población, por tanto en el caso de la minería, es menester adoptar las medidas más serenas, prácticas, equitativas y garantizadas para encarar proyectos mineros que nos permitan aprovechar las modernas tecnologías que hacen posible el progreso de otros países, donde la minería tiene tratamiento de “majestad”.

El tiempo actual posiblemente nos permita aún el margen suficiente de buenos precios, para consolidar la proyección minera boliviana, sustentada en una Ley abierta a capitales, tecnología, sistemas de alta producción, que beneficien a los sectores de la minería boliviana, privados, estatales, medianos, chicos y cooperativizados, como parte –en este momento– del proyecto más importante de la economía boliviana.

Fuente: LA PATRIA