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Jueza define hoy detención de Doria Medina y ex rectores
04 may 2011
Fuente: Sucre, 3 (ANF).-
Este miércoles, la juez Ximena Mendizábal debe dar a conocer su veredicto en relación al pedido de detención preventiva planteado por la Fiscalía de Chuquisaca en contra del empresario Samuel Doria Medina, y los ex rectores universitarios Jaime Robles, Jaime Barrón y Wálter Arízaga, acusados de firmar un contrato ilegal entre la Universidad San Francisco Xavier y la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
La audiencia de medidas cautelares ingresó en cuarto intermedio el sábado, y debido a los extensos alegatos, la juez decidió tomarse unos días para -según dijo- analizar con mayor detenimiento toda la documentación que fue presentada tanto por los acusadores como por los acusados.
En la audiencia, el Ministerio Público ratificó su pedido de detención preventiva para los acusados, argumentando que, debido a sus condiciones, los cuatro acusados podrían ausentarse en cualquier momento del país y también obstaculizar la averiguación de la verdad.
La Fiscalía recordó que con la firma del convenio entre la universidad local y Soboce no solamente se dañaron los intereses de un tercer socio, la Alcaldía de Sucre, sino también los de la propia casa de Estudios superiores.
Pero los acusados han refutado esas aseveraciones señalando que ese convenio más bien fue favorable a los intereses de la co-propietaria de Fancesa, pues el mismo permitió incrementar las utilidades y convertir a esa empresa en una entidad moderna y eficiente.
El empresario Samuel Doria Medina dijo que las acusaciones en su contra están orientadas por móviles políticos, al recordar que el Gobierno hasta ahora no cumplió con su palabra de pagar un precio justo por el valor del tercio de acciones que le correspondía a Soboce dentro de la sociedad con Fancesa.
“La única verdad en este caso es de que se está generando un proceso penal contra ciudadanos que lo único que hicieron fue aumentar los ingresos y el patrimonio de Fancesa”, subrayó.
A su turno, los ex rectores coincidieron en afirmar que el acuerdo suscrito el año 1999 estuvo respaldado legalmente, y que durante sus siete años de duración la Universidad pudo recuperar los recursos que supuestamente habría resignado a favor de Soboce, y que además el convenio estuvo avalado por sucesivos consejos universitarios.
Este martes, dirigentes de la Federación Universitaria Local advirtieron que “no permitirán” una detención “ilegal” de su principal autoridad, Wálter Arízaga, al calificar de “político” el proceso instaurado en contra del actual y otros ex rectores universitarios.
Mientras, el abogado y analista Arturo Yáñez, manifestó que se pretende aplicar en este proceso una disposición que -dijo- está reñida con acuerdos internacionales firmados por el Estado boliviano en materia jurídica, los cuales señalan que aplicar la ley de manera retroactiva constituye una violación de los derechos fundamentales de las personas.
Fuente: Sucre, 3 (ANF).-
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