Inseguridad Jurídica pone en riesgo futuro desarrollo productivo del país

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La decisión asumida por administradores de justicia contra empresas nacionales causa inseguridad jurídica y vulneran la norma constitucional que garantiza el derecho al trabajo, porque cientos de trabajadores se ven perjudicados por el congelamiento de las cuentas de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y de la Empresa Minera Inti Raymi (Emirsa), según empresarios orureños.

La situación es insostenible para ambas empresas, al no contar con liquidez económica, debido a la arbitraria decisión de autoridades judiciales que instruyeron el congelamiento de cuentas bancarias en clara intención de perjudicar sus operaciones productivas, dijo el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Luis Ramiro García, al calificar como una acción precipitada por no tener ninguna de las empresas sentencia ejecutoriada.

Pidió a las autoridades nacionales garantizar el trabajo de ambas empresas, porque se requiere preservar las inversiones y mantener las fuentes de empleo, como única forma de luchar contra la pobreza de manera efectiva y sin discursos ni ofrecimientos, sino en la práctica y asumiendo responsablemente el rol que corresponde a los empresarios.

Advirtió García que si se mantiene por más tiempo el congelamiento de las cuentas de Inti Raymi, esta empresa se verá obligada a paralizar sus operaciones y consiguientemente será un importante número de trabajadores los que podrían quedar sin empleo, por un error judicial que se pude enmendar y no se atiende en función de los reclamos y gestiones realizadas por Emirsa.

Así también la decisión precipitada de otra jueza en Sucre, perjudicará el normal desarrollo de actividades productivas en Soboce, por lo que demandamos de las autoridades garantías y protección, para evitar la judicialización arbitraria, ilegal, abusiva y hasta discriminatoria contra quienes invierten y generan fuentes de empleo en el país, manifestó el presidente de la FEPO.

Consultado sobre la posición del empresariado nacional, respecto al perjuicio que se ocasiona a las dos empresas, señaló que existe unidad férrea a nivel nacional y que la defensa de las afiliadas y de la libre iniciativa privada es un postulado de los empresarios bolivianos, porque se debe preservar las fuentes de empleo y la inversión privada nacional.

RIESGO EN LA MINERÍA

Respecto de los intentos y amenazas de avasallamiento y “nacionalización” de empresas mineras que operan en la jurisdicción de Oruro, dijo que esas acciones podrían afectar de forma directa a las afiliadas de la Cámara Departamental de Minería y la FEPO, si comunarios y autoridades de gobierno no respetan las concesiones mineras.

En clara alusión a los anuncios del ministro de Minería, José Pimentel, dijo que se debe respetar y escuchar el pedido de los trabajadores, en el caso de las operaciones mineras que administra la Empresa Sinchi Wayra, porque los mineros rechazan cualquier intento de “nacionalización”, puesto que están produciendo y tienen un empleo seguro para mantener a sus familias.

Cualquier actitud contraria al ordenamiento jurídico y a la decisión de los trabajadores será rechazada por los empresarios, porque quienes generamos ingresos para la economía regional y nacional somos los empresarios con los trabajadores y además el beneficio del pago de regalías que beneficia a todos los bolivianos, afirmó Luis Ramiro García.

Confirmó que es de conocimiento del gobernador Santos Tito Veliz, las denuncias por abusos que se cometen en algunas comunidades contra los empresarios, tal el caso de la concesión “Mina Triunfo” en el distrito minero de Poopó, donde la propiedad del presidente de la Cámara de Minería, Gonzalo Quintela Gómez, está amenazada con intervención y toma del yacimiento, en una acción arbitraria e ilegal que pretenden llevar a cabo representantes de la Organización Territorial de Base “Comunidad de Quillapata”.

Fuente: LA PATRIA