Viernes 22 de abril de 2011
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El anuncio del Primer Mandatario y la ratificación del Ministro de Minería y Metalurgia, del intento de nacionalizar algunas minas que actualmente están trabajando con modalidades especiales de contrato, llámense de riesgo compartido o arrendamiento, ha dejado un sabor amargo entre los productores mineros, sean estos inversionistas directos o subsidiarios de otras empresas que han aportado para mover la industria minera nacional.
Hablar de nacionalización -de minas- en un periodo en el cuál no se definen todavía las reglas de juego, porque un anteproyecto de ley minera está siendo analizado en algunas instancias, constituye un desatino, tomando en cuenta que cuando mejor imagen debemos mostrar al exterior, un discurso político y creemos distractivo, puede operar de manera negativa en los importantes consorcios mineros, que siguen debitando sobre la posibilidad de asentarse en nuestro país o hacerlo en alguno de los vecinos donde las seguridades son reales y los incentivos también.
Podríamos convenir en que la intención de “nacionalizar”, esto quiere decir transferir medios de producción de particulares o en manos de estos al poder nacional, es parte de la política del partido gobernante, pero que no ha dado buenos resultados, ni siquiera en el campo de los hidrocarburos y que tampoco tendría efecto positivo en la minería, si se piensa en la Comibol como la empresa que debería asumir tan delicada misión, sin tener las condiciones para hacerlo… parece que el anuncio fue parte de un discurso coyuntural, para distraer la atención de sectores laborales en momentos de crisis y convulsión.
Fuente: LA PATRIA