Postergan audiencia final de pruebas en el caso “octubre negro”
21 abr 2011
Fuente: Sucre, 20 (ANF).-
La audiencia final de recepción de pruebas dentro del caso “octubre negro” fue diferida hasta el próximo martes 26 de abril, al aceptar el Tribunal la excusa de un abogado que no asistió a la vista programada este miércoles, alegando motivos de fuerza mayor.
En la audiencia, el ex ministro de Desarrollo Sostenible del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Eric Reyes Villa, debía presentar su prueba de descargo poniendo fin a una de las últimas etapas del proceso, antes de la presentación de alegatos y la emisión de una sentencia.
El fiscal de recursos, Milton Mendoza, dijo que finalmente el proceso contra parte del gabinete de Sánchez de Lozada y cinco ex altos mandos militares de las Fuerzas Armadas que ocuparon esos cargos durante la crisis del año 2002 se acerca a su última fase.
Mendoza indicó que “estamos a algunas semanas” de que la Corte Suprema emita una sentencia, y sostuvo que tanto la Fiscalía como las víctimas de esos hechos esperan que “se haga justicia después de más de siete años” de ocurridos los luctuosos sucesos.
“Estamos cerca de concluir, esperamos que sea satisfactoriamente”, afirmó Mendoza, quien recordó que a lo largo del juicio, que ingresó en su etapa conclusiva en mayo de 2009, se presentaron 340 testimonios y alrededor de 500 pruebas materiales, con el objetivo de “convencer al Tribunal” sobre la culpabilidad de los acusados.
También, el abogado de las víctimas, Rogelio Maita, se refirió a la situación del juicio indicando que los acusados deben ser objeto de una sentencia condenatoria, que en este caso -aseguró- alcanza a los 25 años de presidio.
Maita observó que el Código Penal es “contradictorio” para ciertos casos. “Si uno mata a una persona tiene treinta años (de cárcel), pero si mata a varias tiene (una condena) de entre diez y veinte años”, dijo el abogado de la acusación particular.
La Fiscalía imputó a dos ex ministros y cinco ex jefes militares por los delitos de genocidio y masacre sangrienta, aunque una mayoría de los ex colaboradores del Gobierno del MNR no se presentaron al proceso argumentando la falta de garantías para un proceso justo.
Los ministros Adalberto Kuajara, quien ocupó la cartera de Trabajo el año 2003, y Eric Reyes Villa, ex titular de Desarrollo Sostenible, basan su defensa en que desde su condición de aliados políticos (eran parte de NFR), habían objetado el uso de la fuerza en el conflicto social de septiembre y octubre, pero no fueron escuchados.
Mientras, la totalidad de los cinco ex miembros del Alto Mando Militar argumentaron que el Ejército intervino en las protestas por una decisión del Capitán General, el Presidente de la República, que había ordenado las acciones después de que la Policía fuera rebasada por la gravedad de los disturbios.
La violencia política ocurrida en el departamento de La Paz entre los meses de septiembre y octubre de 2003 se cobró la vida de alrededor de sesenta personas, en su mayoría civiles que participaban de manifestaciones contra el anuncio de exportación de gas a la República de Chile.
Fuente: Sucre, 20 (ANF).-
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