La corrupción y el incendio político de la Aduana de Oruro

La muerte del Capitán de policía Samuel Encinas ocurrido a comienzos del 2003, en las inmediaciones de la tranca de Ancaravi, (población ubicada a 150 Km. al oeste de la Ciudad de Oruro), a consecuencia de un enfrentamiento entre COAS y contrabandistas, fue un hecho sangriento que consternó al país entero y causó un profundo descontento de ver cómo el “poder político” se sobreponía a la justicia y opacaba las investigaciones para dar con los autores del hecho.

Sin embargo, de manera preliminar y por las investigaciones realizadas por el Coronel de policía (J.J, Alcázar Sanjinés) habría existido presiones desde muy arriba que impedían esclarecer el crimen y así poder castigar a los responsables de la muerte del infortunado oficial.

Oruro, por ser el departamento que está muy relacionado comercialmente con el norte chileno, específicamente con la Zona Franca de Iquique (Zofri) y gran parte de las ventas que realiza este recinto franco, es destinada al mercado boliviano. Asimismo, han existido y existen irregularidades en los controles de fronteras y en la nacionalización de mercaderías, así como señala el periodista Oscar Huayhua en el periódico de circulación nacional Cambio (27 de marzo 2010) quien escribe lo siguiente: “… los vistas de aduanas y los COAS les pidieron mujeres para divertirse en las noches… para agilizar los tramites para la nacionalización de la mercadería…”. En otra parte señala: “…internar un camión de mercadería de contrabando hasta la ciudad de Oruro tiene un precio fijo de 1.300 dólares americanos… cada mes ingresa un promedio de 400 camiones a Oruro…”.

Como no podía ser de otra manera y siguiendo este corolario, el incendio originado en la Aduana interior de nuestra ciudad (9 de agosto de 2010) conllevó a la detención injusta de varios dirigentes gremiales, en el que se acentúa la participación del señor Hugo Gutiérrez Canaza, representante de base de la Súper Feria como supuesto autor del hecho.

Como dice el refrán: “Si el río suena, es porque piedras lleva”. Consiguientemente, también se rumorea que el incendio fue generado desde el interior del recinto aduanero por los mismos funcionarios.

Con este delito, el Estado Boliviano habría perdido más de 4 millones de bolivianos en mercaderías decomisadas a los contrabandistas, que consistían en: Cigarrillos, televisores, electrodomésticos, computadoras incluso LCD’s, al igual que gran cantidad de llantas y que muy casualmente se encontraban en un deposito muy cerca de dos ventanas grandes las cuales dan hacia la calle Velasco Galvarro y Adolfo Mier, un lugar muy transitado, habiendo espacios y ambientes de mayor seguridad al interior de dicho recinto.

Por estas razones es importante detallar las siguientes interrogantes:

¿Es cierto que debía realizarse una Auditoria por personeros de la ciudad de La Paz, para verificar la existencia real de mercaderías decomisadas al contrabando, de ser así porque no se conocen los informes?

¿Siendo mercaderías de alto valor, por qué se encontraban tan cerca de las ventanas sin ninguna protección, supuestamente en un ambiente con techos de calamina deteriorada y con “orificios” por donde dizque ingresaron las antorchas o las bombas Molotov?

¿Al existir mercaderías decomisadas que datan de más de 10 años, como los cigarrillos Malboro, por qué no se procedieron con los remates en los tres meses de plazo, como indican las normas y procedimientos administrativos aduaneros?

¿Por qué, no se cuantificó y se demostró de forma objetiva en el momento, todos los restos de las mercaderías carbonizadas a sabiendas que por ejemplo: Las pantallas de vidrio de los televisores y alambres de las llantas, soportan una temperatura de hasta 1.200º grados y para su total desintegración se necesitaría de un horno metalúrgico de por lo menos ocho horas, para un absoluto consumo de toda la cantidad de mercaderías mencionadas?

¿Cómo entonces se esfumaron en menos de 2 horas sin dejar ni vestigios, las cerca de 300 toneladas de peso equivalentes aproximadamente a 4 millones de bolivianos en mercadería?

¿Por qué, los dirigentes de la institución Asociación de comerciantes Súper Feria siendo los directos afectados ante semejante acusación, enmudecieron y peor aún, no hicieron ninguna aclaración ni exigieron una investigación sobre este hecho…?

¿Por qué, en los más de 8 meses, la Aduana Regional de Oruro, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), Fiscalía de Distrito, Ministerio Anticorrupción, Fiscalía de la Nación, Contraloría General del Estado Plurinacional, Ministerio de Hacienda, la Comisión Económica de Diputados y la Gobernación del departamento de Oruro, y demás instituciones, no demostraron un mínimo de voluntad, por acelerar el proceso de investigación y esclarecer los hechos, que por los antecedentes tendrían un doble trasfondo de probable acto delictivo de hurto?

Por todas estas y más interrogantes, se debería realizar la reconstrucción de los hechos “in situ” bajo un registro minucioso sobre lo sucedido, porque lamentablemente hasta la fecha no se realizó esta importante prueba dentro la etapa investigativa. Con esta indiferencia sólo se está ocasionando un perjuicio irremediable de tipo moral, psicológico y económico a las personas injustamente sindicadas.

Lo contrario, pareciera que este hecho hubiese sido armado, como un circo, para la rápida aprobación del Proyecto de Ley modificatorio a la ley General de Aduanas y políticamente; fuese un ardid para acallar las voces y movilizaciones de los comerciantes que en su justo derecho únicamente exigían al Gobierno una ley para una mejor actividad comercial.

Finalmente, el gran perjuicio que se ha ocasionado es al Estado Boliviano, a la esforzada institución como es la Asociación de Comerciantes Súper Feria de Oruro, a las instituciones de la sociedad civil que apoyaron en su momento las reivindicaciones para el fortalecimiento a las actividades comerciales, por ser una de las principales fuentes de ingreso en beneficio del departamento de Oruro.