La lucha desigual por un mejor salario

La lucha de los trabajadores “por un mejor salario” es desigual, frente al poderoso aparato comunicacional, mediático y hasta político del Estado Plurinacional, cuyas autoridades asumieron una actitud enguerrillada de confrontación, cual si estuvieran preparados y listos para derrotar al peor de los enemigos, que es la pobreza.

En los discursos y declaraciones oficiales se muestra a los asalariados como seres inhumanos, miserables y hasta “los más favorecidos”, porque constituyen un reducido grupo de personas que apenas llegan al 15% de la población nacional, mientras que la inmensa mayoría “no tiene ningún salario”. El salario que reciben es fruto de la entrega de su esfuerzo y sacrifico.

Un importante número de la población se dedica al comercio, siendo una mayoría informal, existiendo grandes contrabandistas que no tributan nada para el fisco y los más que tienen una pequeña contribución por estar en el sector gremial, a lo que se suman los transportistas que también pagan tributos y si bien no tiene un salario, son quienes regulan la economía por el precio de los productos y los pasajes.

Así los gastos de funcionamiento del Estado Plurinacional se suman y van en aumento con el pago de emolumentos a los asambleístas, incluidos los suplentes, directores de proyectos especiales y otras inversiones que resultan ser curiosos caprichos de los gobernantes, como invertir 30 millones de dólares en un “avión presidencial” comprado de segunda mano, 300 millones de dólares para un satélite y una serie de gastos que son para satisfacer y engordar el ego de la gente del gobierno, antes que servir al pueblo.

Si los gobernantes quieren mostrar una acción decidida contra la pobreza y encarar una lucha abierta, entonces deben asumir acciones concretas, tales, como reducir los gastos de funcionamiento de los ministerios, gobernaciones, municipios y hasta los viajes de los funcionarios, a lo que se debe sumar una austeridad plena en la propaganda gubernamental, porque malgastar dinero en espacios en los medios de comunicación para hacer conocer las diferentes posturas del oficialismo o discursos presidenciales, es un derroche de soberbia.

Estos fondos bien pueden servir para educar a la población, con tareas de prevención en el área de salud, servicios y otros, sin llegar a la soberbia y confrontación o amenaza a los actores sociales, como en este caso son los asalariados, quienes se ven desprotegidos, porque el Estado que tiene la obligación de conservar y garantizar su fuente laboral, les enfrenta y denuncia para ponerlos en contra de toda la población. Ese es un acto de discriminación.

El que los asalariados sean un grupo reducido que no supere el 15% de la población nacional, no es culpa de los trabajadores, sino resultado de la ausencia de políticas de gobierno, como el actual, que siempre ofertaron la creación de nuevas fuentes laborales, y por lo general dejan esa responsabilidad al sector privado y ahora incluso anuncian nuevas reversiones y anulaciones de contratos mineros, para mantener pesadas estructuras de administración burocrática y hacer irrentables las pocas empresas que tenemos.

Administrar el gobierno con responsabilidad no supone satanizar a los asalariados, ni dividir a los bolivianos, con actitudes enconadas y de rencor, porque algunos ex dirigentes sindicales ahora ejercen el cargo efímero y pasajero de ministros, sin recordar que ellos eran quienes incluso aplicaban el veto sindical, para obligar a los educadores a suspender su trabajo y quienes denunciaban a los gobiernos de ser insensibles, hambreadores y hasta inhumanos. Quizá las autoridades de gobierno estén probando un poco de su propia medicina -como se dice en la jerga popular- pero no deben olvidar por ninguna razón, que ellos también son asalariados, porque medran el presupuesto de la administración pública y también se encuentren comprendidos en ese reducido 15% del sector laboral.

La negociación debe ser con altura, racionalidad y además respeto a los trabajadores, porque en definitiva, ellos son los que generan ingresos para el Tesoro General de la Nación y para pagar los sueldos, salarios, emolumentos, dietas y cuantas denominaciones existan para otorgar un salario a los integrantes de la pesada burocracia gubernamental. Quizá valga la pena que los funcionarios jerárquicos de la Administración del Gobierno del MAS puedan darle una mirada al presupuesto nacional, en las partidas 100 y 110, para saber que el sueldo de los ministros también constituye un salario. Lo que no podemos decir es si realmente se justifica y si ellos entregan su mejor fuerza laboral, como es el caso de los mineros, maestros, trabajadores el sector salud, de las universidades y de otros sectores que reclaman el incremento salarial del 15% como justa compensación al “gasolinazo” que sigue repercutiendo negativamente como la más grande chambonada de este gobierno. Aunque la Central Obrera Boliviana decidió aceptar un aumento inicial del 11%, lo que equivale el uno por ciento más del propuesto por el Gobierno. Al final los asalariados impusieron su razón, teniendo una lucha desigual y arbitraria.

(*) Periodista