La conmoción social que vive el país marca el inicio de un nuevo proceso político que profundiza el distanciamiento del gobierno con los “movimientos sociales” y evidencia que la clase trabajadora formada por diferentes estratos sociales toma las calles para señalar con el dedo que el régimen no ha cumplido con las expectativas que había creado al proclamar, hace cuatro años, la vigencia de un programa político de cambio que reemplace a las antiguas estructuras caducas que, supuestamente, colapsaron en el 2003.
Es, sin embargo, pertinente recopilar el pensamiento del ciudadano común que considera que el gobierno debe pagar, así sea muy alta y pesada la “factura” que provocó el “error de cálculo” cometido en diciembre pasado, pese a la intensa campaña mediática desplegada para minimizar los efectos del denominado “gasolinazo navideño”.
Lo cierto es que el efecto inflacionario en los precios de los alimentos de la canasta básica de los trabajadores, ha provocado una elevada pérdida del poder adquisitivo del salario y, peor, no ha ingresado en el análisis técnico de las instituciones especializadas que deberían respaldar las políticas de gobierno en materia social.
Esta dicotomía que, por un lado promueve discursos de amplia participación a través de la consulta permanente con los movimientos sociales y, por el otro, ajusta al mínimo el ingreso de los actores sociales que constituyen la estructura productiva del país, ha provocado una coalición en el accionar de las llamadas políticas de cambio, al extremo de colocar en vitrina la esencia y vigencia del D.S. 21060 que, en agosto de 1985, inauguró la vigencia del sistema neoliberal en Bolivia, pero, además, evidencia que el Estado se ha debilitado tanto que no tiene la mínima capacidad para responder a las necesidades elementales de alcanzar un equilibrio entre el ingreso del trabajador y el gasto familiar.
La primera consecuencia, en ese marco, es la respuesta del gobierno con un accionar violento y el desmedido ejercicio de la represión policial frente a la movilización de trabajadores de las áreas productivas del país, así como, de la salud, educación y otros. La acción social toma las calles, promueve una natural protesta en demanda del incremento salarial acorde con el desbarajuste de precios de los alimentos, en el mercado interno y, ese ejercicio plenamente constitucional, se convierte en un hecho que transforma la visión del ejercicio político como tal.
Hacer prevalecer “el principio de autoridad” a estas alturas, es colocarse en la mediocridad de la soberbia, cuya práctica en el pasado, ha terminado con la fortaleza de los más duros regímenes de gobierno y ese fracaso se produce cuando el ciudadano sólo trata de defender el estómago de su familia. No hay poder omnímodo, en estos casos, que aplaque con la fuerza de las armas, la convicción del pueblo de defender lo suyo y sus derechos humanos y ciudadanos.
El “gasolinazo navideño” sí tuvo un efecto multiplicador muy acelerado y de grandes proporciones y, pese a que fue revertida la medida gubernamental, una semana después, su efecto inicial no retomó la dimensión anterior que mantenía el necesario y razonable equilibrio de la oferta y la demanda. Las cifras del índice inflacionario, que se manejan en diferentes niveles de análisis, nos dan hasta un 30 %, como efecto directo. A esta variable, sin embargo, no se añadió en el análisis macro, el resultado de la inflación del 2010 y, tal parece, que se olvidaron también de la inflación importada que acompaña a todos los productos alimenticios que se traen de Chile y Perú, porque desde hacen varios años, Bolivia ya no produce sus alimentos, los compra.
Para situarse en el tiempo debido, los analistas y observadores de la coyuntura, deberían repensar este tiempo de conmoción social y concentrarse en los efectos que erosionan los cimientos de la estructura del poder político, mientras que sus autoridades revisan con sentido auto crítico, las líneas que estructuran el sistema que buscan implementar a través de sus políticas públicas.
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