Fiscalía secuestra documentación del proyecto Oruro Puerto Seco
15 abr 2011
Fuente: LA PATRIA
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Ante el requerimiento de la Cámara de Artesanos Micro y Pequeños Empresarios del Occidente (Campeo) y el Comité Cívico, el Ministerio Público ayer por la tarde secuestró todos los documentos del Proyecto Oruro Puerto Seco de dependencias de la Gobernación, para que sean remitidos al Instituto de Investigaciones Forenses de Sucre, debido a observaciones referidas a la parte técnica y del costo del emprendimiento, además de los supuestos hechos irregulares en el proceso de licitación y adjudicación.
Dentro del proceso de tareas investigativas en los supuestos hechos de corrupción del caso Puerto Seco, el equipo de Fiscales liderado por Aldo Morales e integrado por René Losantos y Alfredo Santos y el investigador Suboficial Gualberto Fernández, se apersonaron a la Gobernación a la denuncia del presidente de Campeo, Vladimir Gamboa y el cívico René Tapia, con el objetivo de secuestrar la documentación original de las carpetas referentes al cuestionado proyecto, que antes de aquello se encontraban en la Contraloría Departamental.
La documentación secuestrada contempló las carpetas de proceso de contratación; de propuesta técnica de la consultora Prointec; de los documentos legales de la empresa, además para fines investigativos, de evaluación y peritaje, todas las carpetas del Estudio a Diseño Final de Oruro Puerto Seco (incluidos los planos sanitarios, arquitectónicos, eléctricos, etc.) más el primer, segundo y tercer informe de observaciones, con sus carpetas corregidas.
“Estamos procediendo al secuestro de la totalidad de los cuerpos de Proyecto Oruro Puerto Seco, para mandarlos al Instituto de Investigaciones Forenses y de esta forma tener referencias técnicas del trabajo realizado por Prointec, labor que tuvo un costo de un millón y medio de dólares, es en ese sentido que existen observaciones y no se hizo el desembolso total. Lo que más llama la atención es que en el caso del personal clave que supuestamente participó en el proyecto, se ha podido verificar que en algún caso se entregó currículos falsos con certificaciones de trabajo y firmas presuntamente falsificadas”, explicó el Fiscal Aldo Morales.
En tanto el secretario departamental de Planificación del Desarrollo, Franz Martínez a nombre del gobernador Santos Tito, con el que las autoridades del Ministerio Público dialogaron antes del secuestro, manifestó que la principal institución departamental brindará todas las facilidades y colaborará con el proceso de investigación, por esa razón no se expuso ninguna objeción, señaló el funcionario.
El trabajo de peritaje que será remitido a Sucre, tiene la posibilidad de contar con la cooperación de profesionales orureños, situación que será clarificada en próximos días. Sin embargo René Tapia, presidente de la Comisión de Puerto Seco del Comité Cívico, reiteró el trabajo de evaluación y peritaje del proyecto, que será entregado al concluir el mes, labores desarrolladas por colegios profesionales como de arquitectos, economistas, abogados, ingenieros industriales y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
En referencia al proceso que emprendió a mediados del 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, que presentó la denuncia al Ministerio Público por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra Alberto Luis Aguilar, ex prefecto del departamento; Tomás López, ex secretario general; Fidel Gutiérrez, ex secretario del departamento jurídico, Patricia Jaldín, ex secretaria administrativa y otros, el Fiscal Morales, indicó que se solicitó al Juez Cautelar Marco Chambi, la anotación preventiva y gravamen hipotecario de todos los bienes propios de los imputados, resolución que saldría en próximas horas.
Finalmente Aldo Morales puntualizó que la finalidad no es perjudicar al proyecto. “El Ministerio Público no quiere perjudicar al Puerto Seco, lo que se hace es investigar algún presunto mal manejo económico y un presunto tráfico de influencias en el proceso de licitación y en la adjudicación, el proyecto sigue en pie, por eso fotocopias del proyecto se están quedando para que los técnicos de la Gobernación continúen realizando su trabajo. Estimamos que en el curso de 20 días a más tardar se tendrán los resultados que serán de conocimiento público”, finalizó.
Fuente: LA PATRIA
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