Luego de haber aprobado incrementos salariales del 10% en favor de militares, policías, empleados de salud y del magisterio, el gobierno decidió que el empresariado privado, conforme a conversaciones, cumpla con sus trabajadores; que el 10% sería básico para esas negociaciones.
El empresariado –diverso en muchos aspectos– ha respondido que “podrían llegar a acuerdos, pero conforme a la situación de cada empresa”; otros, que “no será posible hacerlo conforme señala el Ministerio de Trabajo”; otros, “cualquier aumento implicará cierre de empresas”. Los empresarios privados están asociados y en esa condición trabajan y producen, venden internamente y exportan sus servicios y sus bienes; pero, que no haya declaraciones coherentes y hasta se presenten contradicciones en asunto tan grave, no es apropiado para ellos y menos para la colectividad.
El proceso inflacionario en que nos debatimos y que tiende a complicarse como consecuencia de la medida desacertada y su posterior anulación del 26 y 31 de diciembre del pasado año, conforme pasen los días agravará la situación dado el hecho de que muchos comerciantes han subido precios entre esos días; a ello, volvieron a incrementarlos en razón de la anulación de los precios elevados de los carburantes y, como corolario, así rebaje la cotización del dólar, ellos suben precios.
La cadena de subidas sin control es dañina para todo el Estado porque es el pueblo que sufre las consecuencias; el gobierno, ante las reacciones de los trabajadores con marchas y otros extremos –reprochables todos los que llegan a situaciones que atentan contra la seguridad y derechos de la colectividad– sólo atina a descalificarlos con anuncios de declararlos ilegales; por sus voceros, como el flamante ministro de Comunicación, ofrece dialogar pero sin asistir a las citas que convoca la COB porque dizque lo hará “con dirigentes que sean elegidos en el futuro”. ¿Qué se busca con estas actitudes de soberbia y petulancia? Sin embargo, hace pocos días, dialogó con la COB, pero sin resultados definitivos.
Las autoridades de gobierno, por su propia investidura y la misión que tienen, deben acudir a cualquier instancia para dialogar, convenir, concordar, convencer y lograr soluciones a los graves problemas planteados; no hacerlo implica actuar con irresponsabilidad. Por su parte, los empresarios deben tomar conciencia de su situación que si bien no cuentan con las garantías necesarias para trabajar y producir dentro de sus limitadas actividades para no cerrar instalaciones, deben actuar conforme a reales posibilidades que determinarán, forzosamente, incrementos en precios de lo que produzcan y de servicios que ofrezcan.
Lo grave de estas situaciones en que se incrementan sueldos, la consecuencia es que se inflan precios y los paga el pueblo, especialmente quienes están sujetos a ingresos fijos como son salarios y sueldos que en ninguna circunstancia se elevan en proporción a la inflación. Lamentablemente, el gobierno está auto-convencido de no poder contener el fenómeno y se desliga de parte del mismo endosando al empresariado un problema que no será fácil de resolver. Por su parte, los trabajadores, muchas veces incitados por causas ajenas a los problemas salariales, son impelidos a acciones contrarias a sus propios intereses y la serenidad, las consideraciones por los derechos ajenos se vulneran y las consecuencias las paga el Estado bajo la tranquilidad del gobierno.
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