Son varias las ocasiones en que nos referimos al tema del diferendo limítrofe que tiene nuestro departamento con el hermano potosino y que de tiempo en tiempo cobra inusitado movimiento, debido a las acciones violentas en unos casos y seguramente erróneas en otros, como se manifestó a propósito de las últimas incursiones de potosinos en la jurisdicción orureña.
El problema de límites territoriales entre Oruro y Potosí, podría calificarse como “ancestral”, según explica uno de los dirigentes de la zona afectada y avasallada en territorio orureño, al que acceden sin mayores problemas los campesinos potosinos extendiendo sus sembradíos y hasta sus pastizales para la crianza del ganado, generando justificadas reacciones de los afectados que además denuncian hechos de violencia, cuando se amenaza la seguridad de personas y se pone en riesgo su vida y sus bienes.
Vanos han resultado los esfuerzos de autoridades, como ex – prefectos, personeros de ministerios, altas autoridades policiales y militares del Instituto Geográfico Militar (IGM) y de otras instancias departamentales, como comités cívicos y hasta de representantes de organismos laborales para encontrar soluciones amistosas, descartando la belicosidad con que arremeten sectores de campesinos potosinos alterando la pacífica convivencia en la zona de conflictos, el norte potosino y el sur orureño.
Convenios hay más de una decena, suscritos con la aparente responsabilidad de autoridades departamentales, delegados de organizaciones de las zonas en conflicto é inclusive con el visto bueno de “tutores” de las FF.AA. y la Policía, documentos que en su texto remarcaron que se trataba de una “última vez” y que la “pacificación sería norma de vida futura”. No pasan muchos meses, ni siquiera un año, y los problemas vuelven a enfrentar a los vecinos, en algunos casos con graves daños, heridas, pérdida de enseres, ropa y lo que más duele a los productores, robo de ganado y cosechas íntegras.
Actualmente el conflicto limítrofe está nuevamente en “tratamiento” de partes y ahora con la intervención del Ministerio de Autonomías cuyos ejecutivos han observado de cerca los problemas existentes por ejemplo en el caso de Coroma y Quillacas, que pese a convenios preliminares sigue siendo una zona de conflicto donde se necesita establecer condiciones propicias para dialogar y eliminar los factores adversos que de tiempo en tiempo recrudecen los enfrentamientos y tal parece, con intereses políticos.
Personal del Ministerio de Autonomías no tendrá ingerencia directa en la solución que se busca, sólo actuará como “facilitador” de un encuentro de diálogo abierto a través del cual directamente los interesados puedan solucionar los problemas existentes, que por lo visto son más de forma que de fondo y por lo mismo requieren de arreglos prácticos que allanen dificultades que ponen en duda la seriedad de “actas de pacificación” y otros convenios que son burlados por la parte potosina, en la que además estaría oficiando de manera indebida un funcionario potosino, que no garantiza imparcialidad a futuros acuerdos, por lo que se exige la conformación de una comisión mixta y equilibrada, que establezca y mantenga un diálogo abierto hasta cerrar el conflicto, que de persistir puede postergar inclusive el análisis sobre las definiciones del estatuto autonómico del departamento, proceso que no debería alterarse por pugnas de límites territoriales.
Fuente: LA PATRIA
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