Una vez más el país está viviendo un delicado proceso de convulsión social que se expresa en los reclamos cotidianos de trabajadores y que ahora han adoptado algunas medidas de presión con un acoso permanente de manera directa en la Sede de Gobierno.
Nadie desconoce que las demandas de los trabajadores son legítimas, así lo entiende la ciudadanía en general, lo saben los gobernantes y defienden tal situación con medidas extremas los sectores que más sienten el efecto de un proceso restrictivo, con una inflación incontrolable, con precios que siguen en ascenso y con salarios insuficientes, por tanto el reclamo es legítimo.
Sin embargo, las medidas que se aplican para hacer entender los reclamos a las autoridades no son precisamente las más correctas, consiguientemente desde la cúpula gobernante se menciona –como siempre sucede– que la huelga es ilegal, como son también los bloqueos de calles o de carreteras, las marchas que interrumpen el desenvolvimiento normal en cualquier ciudad y los enfrentamientos que se producen entre manifestantes y fuerzas del orden.
La figura se aclara en la observación correcta de los hechos, para la mayoría ciudadana, incluyendo una parte del sistema gobernante los reclamos del sector laboral resultan legítimos ante la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, la incontrolable inflación, la continuidad de un modelo que permite el libre juego de la oferta y la demanda, abriendo las puertas a la competencia desleal y abusiva contra la industria y el comercio legalmente establecidos, pero además poniendo en riesgo el sistema productivo en sí.
Es absolutamente evidente que en los niveles de Gobierno, los anteriores o el actual, no se interprete correctamente la lectura de las circunstancias vigentes en determinado momento, lo que empuja a los dos lados aplicar sus propias reglas de juego, que al no ser compatibles –como es lógico– producen resistencia que se traduce luego en confrontaciones con saldos negativos que lastiman la unidad familiar, alteran la convivencia pacífica y hasta ponen en peligro la vigencia de la democracia.
Se trata de encontrar un punto de avenencia entre los sectores en pugna, los que reclaman derechos con legitimidad, dadas las condiciones reinantes y los que en defensa de la legalidad establecida tratan de enderezar una corriente de reclamos que al no ser debidamente atendidos, terminan en las calles con profusión de petardos, cachorros de dinamita, y en el bando opuesto, con gases lacrimógenos, perros policías y en extrema instancia con balines de goma y la persecución y arresto de dirigentes sindicales.
Ésa es la observación real de lo que está aconteciendo y que obliga de manera urgente adoptar posiciones muy concretas en ambos frentes, pero con la idea de establecer las condiciones más seguras para un diálogo amplio, en el que se escuchen propuestas, se sugieran soluciones, se entiendan los problemas y se apliquen las medidas correctas que permitan restablecer las actividades normales en un clima de paz que sea además resultado de extremar los recursos necesarios para cumplir esas promesas de otorgar mejores condiciones de vida para todos los bolivianos en el marco de la legalidad y la legitimidad.
Fuente: LA PATRIA
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