Los territorios perdidos en guerras injustas que fueron motivadas por intereses de grandes potencias y ejecutadas por la voracidad expansionista de ciertos gobernantes deberían considerarse “partes discutibles en acuerdos entre naciones, en la perspectiva de la fraternidad y solidaridad del continente”, de acuerdo a la expresión de un destacado estudioso internacionalista.
Todo acuerdo es susceptible de modificaciones, de evolución en su contenido si por tal efecto se logran beneficios comunes y se evita el distanciamiento entre hermanos de una región territorial. La unión de varias naciones, como se planteaba en el sueño del Libertador Bolívar para construir la gran Patria Americana, debería ser la condición suprema para fortalecer el continente sudamericano y aprovechar su riqueza y diversidad para enfrentar a las fuerzas externas de las potencias y las formas de imperialismo dominante.
En el caso boliviano cuando ha cobrado inusitada importancia el tratamiento del tema marítimo con el planteamiento formal de recuperar territorio perdido y la soberanía conculcada, surgen voces solidarias en la misma nación chilena y en países hermanos para que el centenario problema elimine las restricciones de todo un tiempo de perjuicios y restricciones para un país que teniendo acceso al mar desde su nacimiento, lo perdió por la agresiva política expansionista de los vecinos, alentados y apoyados por la fuerza del dominio capitalista.
Pero la reivindicación marítima está vigente ahora más que nunca y establecida claramente en la nueva Constitución Política del Estado en sus artículos 267 y 268, puntualizando que “El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo”.
Políticamente hay que cumplir lo que dice la CPE, pero al mismo tiempo hay que establecer adecuadas estrategias que no compliquen gestiones previas y otras formas de solución a un problema de más de un siglo de vigencia sin que se haya avanzado de manera pragmática en recuperar el territorio perdido y que en criterio de los actuales gobernantes de Chile (como otros anteriores), es inviable una reposición territorial con soberanía.
Así están las cosas, en el tiempo presente, con mucha retórica sobre el asunto, con algunas buenas intenciones para “dialogar” pero sin dar paso a soluciones de fondo, en una agenda que prioriza lo subjetivo y deja a “media lista” lo más importante que constituye para los bolivianos, el retorno al mar, pero también como razonable derecho cobrar la deuda histórica que Chile tiene con Bolivia por el uso irrestricto y constante de las aguas dulces de la vertiente del Silala, que da vida a miles de habitantes del norte chileno.
Los estrategas plantean soluciones más prácticas y más justas para lograr sensibilizar a las corrientes radicales de la diplomacia chilena, planteando muy claramente la alternativa de vida para ellos y de reivindicación para nosotros, que se muestra en la negociación abierta de aguas dulces por aguas saladas, aplicando en su caso los derechos internacionales que nos asisten para asumir defensa de lo que nos pertenece como las vertientes del Silala y dirigir su curso hacia nuestro interés, en tanto nos abran el acceso soberano a las aguas saladas del territorio que debe seguir siendo boliviano.
Fuente: LA PATRIA
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