Se detectaron serias anomalías en manejo administrativo prefectural

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En sesión extraordinaria realizada este jueves y cerca de la media noche, el ente legislativo del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, aprobó los estados financieros correspondientes a la gestión 2010, sin embargo esa acción desnuda múltiples irregularidades en el manejo administrativo.

Según el asambleísta departamental, Eduardo Campos Velasco, el informe de auditoría interna de la institución, base sobre la cual se aprobaron los estados financieros, permitió conocer una serie de irregularidades, que merecen ser explicadas por el ejecutivo departamental al ente deliberante y fiscalizador

En partes salientes de dicho informe se establece lo siguiente: La auditoría interna, ha examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, consolidados con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), Servicio Departamental de Educación (Seduca), Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).

En el caso de la compra de 2.600 tambores de cemento asfáltico por el Sedcam durante la gestión 2008, se mantienen registros inexactos y contradictorios. De igual manera en ésta repartición se ha contratado los servicios de un abogado para asumir defensa por incumplimiento de contrato en la adquisición de cemento asfáltico, habiéndose cancelado un anticipo de 32.038 bolivianos, monto del contrato de servicios que figura con cargo al proyecto Asfaltado Antequera – Poopó, pero que en la cuenta de anticipos de la entidad, no figura el indicado importe.

El 90% de los bienes inmuebles de la Prefectura no contaba con derecho propietario, situación que se mantiene de igual manera, con la actual gestión de la Gobernación. Esto afecta el principio de legalidad, con incidencia en la Cuenta Activo Fijo del Balance General.

En las últimas gestiones, la Prefectura no concluyó la realización del inventario de activos fijos, situación que no ha permitido realizar la verificación de los bienes transferidos a la GADO. Los inventarios realizados en la última gestión (de mayo a diciembre de 2010), son parciales y afectan a la razonabilidad del activo fijo. En términos generales, en el balance general de la institución, el activo fijo representa el 24%, explicó Campos.

Existen varias obras de infraestructura, iniciadas por la ex Prefectura, que aún continúan con saldos en proceso de ejecución, observándose en algunos casos que los pagos efectuados por planilla de avance, son superiores en relación a la ejecución física de las obras.

Se ha omitido la ejecución presupuestaria de 70.241 bolivianos, en la partida 34100, correspondiente a “Combustibles, lubricantes y derivados”, que consignan al consumo de gasolina y diesel de los meses de octubre a diciembre del 2010, cuyo importe fue registrado y pagado en la gestión 2011, afectando el presupuesto de la presente gestión.

Los pasivos de la Prefectura, transferidos a la Gobernación, que provienen de las gestiones 2007 a 2009, no fueron pagados al cierre de gestión, debido a que en los registros que realizó la Prefectura, no se encuentran sustentados con documentación suficiente, éstos alcanzan la suma de 174.045 bolivianos, en cuentas por pagar a corto plazo; 757.850 bolivianos, en contratistas a pagar en corto plazo; 2.107.414 bolivianos, en deuda administrativa de gestiones anteriores.

Se ha registrado sólo el 69% de los ingresos del proyecto Prodelech, habiéndose depositado, inoportunamente en la gestión 2011, los saldos faltantes, con el consiguiente perjuicio para la elaboración de los estados financieros y estado de recursos y gastos.

En términos generales, la unidad de auditoría interna de la institución, considera que los registros y estados financieros incluidos en el informe, presentan información “No Confiable”, sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad, al 31 de diciembre de 2010. Este extremo se basa, según el dictamen, en el hecho de que fue la ex prefectura, la que transfirió activos y pasivos “No Confiables” al Gobierno Autónomo Departamental.

“La situación, obliga a la Asamblea Legislativa Departamental a realizar la fiscalización que es una de sus tareas, para que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Ésos son los estados financieros que fueron aprobados la noche del día jueves, aprobación que no implica, haberlos dado por bien hechos”, explicó el asambleísta departamental Eduardo Campos Velasco.

Fuente: LA PATRIA