Acabó diálogo para negociar salida al mar para Bolivia

Un cambio de timón en la política marítima boliviana deja abierta la posibilidad de judicializar la salida al mar para Bolivia, pero lo que todavía no queda claro es si nuestro gobierno mantendrá simultáneamente la acción legal y la política, porque en criterio de Chile, está vigente una agenda bilateral de 13 puntos que debe ser analizada.

Con el anuncio del presidente Evo Morales de iniciar un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en base a una estrategia jurídica internacional con cinco puntos ya definidos, en la práctica queda atrás el diálogo dando inicio a una nueva lucha por la reivindicación marítima que ahora incluye, un elemento considerado estratégico y fundamental, acudir a los organismos y tribunales internacionales, para demandar el derecho de una salida libre y soberana de Bolivia hacia el Pacífico.

De esta forma estaría llegando a su final el diálogo que resultó expectable y mantuvo una preocupación latente, para bolivianos y chilenos, durante cinco años mientras se buscaba una “solución definitiva” a la mediterraneidad de Bolivia, a través de una agenda de 13 puntos, donde una comisión binacional estableció la necesidad de negociar la salida al Pacífico con amplias facilidades, pero no soberanía para nuestro país.

Quizá el hermetismo y silencio de Chile provocó a un boliviano perspicaz e investigador, como se presenta Víctor Hugo Chávez, buscar una alternativa para nuestro encierro marítimo cuya data es de más de 132 años, que no encuentra eco en la demanda planteada por distintas administraciones de gobierno, incluyendo el tan vapuleado “abrazo de Charaña”, que quedó igual en un simple ofrecimiento y no permitió un acceso libre y soberano a las costas del Pacífico, porque Bolivia no entregó más territorio a cambio de esa salida marítima.

El anuncio de la nueva estrategia de reivindicación marítima, incluso pasa por alto nuestra propia Constitución Política del Estado que en su artículo 268, parágrafo III, establece que: “La solución efectiva al diferendo marítimo, a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”, lo que demuestra que definitivamente habría concluido la negociación directa con el gobierno del Mapocho.

La posición del presidente Morales fue una sorpresa para la mayoría de los bolivianos y calificada por la oposición como “un globo que busca tapar la corrupción y los problemas del gobierno con relación al narcotráfico” que involucra al general (r) Sanabria, ex zar antidrogas y alto jefe de la contrainteligencia boliviana que cayó en Panamá y fue detenido por “exportar” a Estados Unidos un alijo de 144 kilos de cocaína.

Los cinco ejes de la estrategia judicial marítima servirán para buscar ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, atención en estricto derecho a los documentos que presentará Bolivia, en base a la revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904, actuación que estará enmarcada en mérito al Protocolo de Sustitución de Árbitro que firmaron Bolivia y Chile el 16 de abril de 1907, según los antecedentes expuestos por Chávez que resultan ser la base para el cambio de actitud de la Administración de Evo Morales, con relación al diferendo marítimo con Chile.

Esos cinco ejes determinan la sustitución del árbitro según el protocolo de 1907, donde Bolivia y Chile modifican el Tratado de 1904 y pactan como autoridad arbitral a la Corte Internacional de La Haya, así también se establece que Chile omitió incluir el territorio del Paralelo 24º en el Tratado de 1904, donde no figuran las islas y los islotes; además del acuerdo para otorgar soberanía a Bolivia según el Convenio de Transferencia de Territorios suscrito el 18 de mayo de 1895, tampoco se toma en cuenta la compensación por el uso y aprovechamiento de las aguas dulces bolivianas, como el caso concreto del Silala y Uchusuma y, la ausencia en el Tratado de 1904 que no menciona soberanía para Bolivia.

Lo que ahora resta esperar es que la estrategia jurídica por el acceso soberano al mar, no sea contaminada con la actitud política, que resulta ser una de las principales características del gobierno de Evo Morales, y se haga respetar nuestros derechos, preservando la integridad y esencia de bolivianidad de todos los ciudadanos bolivianos, para que la lucha de reivindicación marítima no sea una mera actitud chauvinista, a la que nos tienen acostumbrados.

(*) Periodista