Si hay algo que debe trabajarse responsablemente en el esquema del sistema gubernamental es la agenda social, por encima de la estrictamente política que ya ocupó el mayor tiempo del Gobierno en una primera gestión en la que su atención estuvo justamente dirigida a buscar soluciones a los conflictos de política interna y sus repercusiones sociales que por supuesto causaron una serie de problemas en el aparato estatal, pero sin mejorar el nivel de vida de la población en general.
Todavía no se ha eliminado la secuela alcista de precios tras una equivocada medida que tuvo corta vigencia y marchó en retro pero dejando una alternativa muy bien aprovechada por sectores de gremiales y otros comerciantes que ya no bajaron sus precios, alterados por el efecto de una medida que quiérase o no rompió la rutina de la estabilidad económica nacional.
No escapan a la observación general las complicaciones que se presentan en el modelo de gestión financiera nacional que prioriza el rubro hidrocarburífero por las utilidades que genera, aunque con poca diferencia de las que provienen de la actividad minera y que en el último tiempo por efecto de los buenos precios internacionales han mostrado una perspectiva económica de verdadero sostenimiento del presupuesto nacional.
Ciertas circunstancias no han sido debidamente aprovechadas para abrir un nuevo camino de alternativa financiera que fortalezca el sistema productivo general, pero diversificado, de modo que otros rubros en el país puedan crecer en función a la demanda externa que está pendiente del crecimiento que pueda otorgarse en nuestro país, por ejemplo a las micro y medianas empresas, al sector manufacturero y la consolidación de la industria y el comercio en general.
Las circunstancias por las que atravesamos actualmente los bolivianos con una serie de restricciones económicas, con un desequilibrio económico enorme entre salarios y canasta familiar, con actitudes que ponen en duda las normas que rigen en respeto a los derechos humanos y las libertades, obligan a pensar en la necesidad de establecer un “cambio de verdad” de las políticas públicas.
Algunas muestras de acercamiento por parte del Gobierno con sectores muy importantes de la actividad productiva, como el de los empresarios privados y los industriales, puede ser la parte inicial de un proceso de cambio con nuevas alternativas para fomentar las políticas productivas del país.
De lo que se trata es de asegurar con planes efectivos la seguridad alimentaria de la población, cerrando la brecha con los sectores productivos que por su parte tienen la necesidad de replantear sus tareas productivas, pero al amparo de disposiciones legales que signifiquen seguridad e incentivos.
Las posiciones de agio que practica el comercio de reventa, con ocultamiento de productos de primera necesidad, aplicando un incremento de precios que no tiene justificativo, como tampoco deberían incrementarse las importaciones de otros alimentos prioritarios obligan necesariamente a adoptar posiciones de cambio en la política productiva nacional, que eliminen las restricciones del presente y abran un panorama de amigable y efectiva convivencia entre los sectores que tienen que ver con la seguridad social de la comunidad.
Fuente: LA PATRIA
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