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Organizaciones de prensa ratifican unidad por la libertad de expresión
27 mar 2011
Fuente: Santa Cruz, 26, LA PATRIA
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Las organizaciones representativas de los periodistas y trabajadores de la prensa de Bolivia suscribieron ayer una denominada “alianza por la defensa de la libertad de expresión y la democracia” y denunciaron que la vigencia de los artículos “anticonstitucionales” 16 y 23 de la Ley 045 han empujado al periodista a una “situación de vulnerabilidad” y sometimiento a procesos judiciales que socavan las bases de la democracia.
El pronunciamiento firmado en Santa Cruz, durante la realización de una reunión “cumbre” de dirigentes, surge dos días después que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunció que el “problema principal” que deriva en la violación de los derechos humanos en Bolivia, “reside en la administración de justicia”.
Denis Racicot, representante en Bolivia de esa oficina, observó que las “presiones políticas” a jueces y fiscales han afectado la independencia de poderes que garantiza una administración de justicia transparente.
Desde la promulgación de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, se han anunciado más de 30 procesos contra periodistas y medios de comunicación.
El caso más reciente se registró el viernes 25, cuando dos periodistas de un diario de la ciudad de Trinidad, Beni, fueron querellados por un militar porque supuestamente cometieron el delito de desacato al publicar una información.
La querella fue presentada por el coronel Williams Murillo Pardo en contra de los periodistas Milton Tapia y de Martín Melgar del periódico La Misión.
Murillo, en un acto de franco desacato a la Ley de Imprenta argumentó que en dicho periódico se informó que su persona estaría involucrada en la venta irregular de harina, lo que incluso le habría significado un proceso disciplinario en la Sexta División de Ejército, aunque la información a la que se refería fue publicada en otro medio de comunicación, según la APLP.
MÁS JUICIOS
Otro de los casos citados por la APLP fue el promovido por el ex vocal de la Corte Electoral de Oruro, David Apaza, que después de ser removido de su cargo anunció la apertura de varios juicios contra el diario LA PATRIA, “con argumentos que no resisten el contraste de la razón y la legalidad”.
También recordó la intención del Concejo Municipal de Oruro de enjuiciar al diario LA PATRIA, por supuesta discriminación, porque el medio de comunicación utilizó el término “concejiles”, para referirse a los representantes municipales.
El presidente del Concejo, Germán Delgado dijo que se sentía discriminado porque “en el periódico ‘La Patria’ en vez de poner (textual) ‘Honorable Concejal’, puso Honorable ‘Concejil’, por lo que les expresamos nuestra molestia a través de una nota pidiendo que nos digan por qué hicieron eso”.
La APLP recordó que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española menciona el término “concejil” como sinónimo de concejales.
PRONUNCIAMIENTO
“La libertad de expresión es un derecho inalienable del pueblo boliviano y su ejercicio está consagrado en la Ley de Imprenta de 1925”, expresó la APLP que calificó a la Ley de Imprenta como “patrimonio jurídico de nuestra nación” y reiteró que el mejor camino a su adecuación es la aprobación de una reglamentación consensuada y aprobada por las organizaciones de prensa, tal y como establece la Constitución Política del Estado.
La APLP denunció también que “quienes pretenden limitar el derecho del ciudadano a ser informado, en realidad cercenan el cimiento fundamental de la democracia que es la libertad de expresión”.
Las organizaciones periodísticas que suscribieron el documento ratificaron su “inquebrantable unidad en la defensa del derecho humano fundamental y constitucional a la libertad de expresión y de prensa”.
Fuente: Santa Cruz, 26, LA PATRIA
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