Si la persistencia fuese condición para emprender todo lo que el país necesita, sería dar pasos en firme para salir de la pobreza y la dependencia; pero, persistir contra la libertad de expresión que no es otra cosa que atentar contra la libertad de pensamiento, es contraria a la racionalidad. No paran las acusaciones y malos tratos a periodistas, tan sólo porque cumplen su deber de informar a la comunidad sobre el acontecer nacional.
Para quienes poseen poder político, parece que la libertad de expresión es contraria a sus intereses, sus expectativas y hasta ambiciones; no se quiere entender que la comunicación social, en la vida de un país, es el mayor auxilio para quienes tienen poder político, económico o social. Parece que informar, analizar y opinar sobre hechos positivos o negativos que se hayan sucedido en el país, debe ser motivo de laceración a la libertad de expresión.
Quienes no toman en cuenta el importante papel de los medios de comunicación y periodistas, analistas, editorialistas y columnistas para la vigencia de la institucionalidad, de las libertades consagradas por la Constitución y el respeto a los derechos humanos, no quieren darse cuenta de que, para ellos mismos, es garantía para su permanencia y ejercicio del poder; es, de alguna manera, una certificación que dan los medios sobre el comportamiento de quienes están llamados a ejercer funciones públicas o privadas.
Muchas veces, surgen las preguntas: ¿Qué sería de los que tienen poder político, económico o social?, ¿Cuánto implicaría lo que hacen y cuánta importancia adquirirían si lo dicho o hecho por ellos no es reflejado en los medios?, ¿Quiénes podrían reconocer a los funcionarios que tienen vocación por la figuración, la egolatría y las ambiciones para ser admirados?, ¿Cuánto habría avanzado la humanidad sin los medios de comunicación?, ¿Qué resultados tendrían quienes ejercen funciones de gobierno o dirigen instituciones y empresas si sus labores no son conocidas y, en casos, comentadas por los medios?
Lo grave de la situación por la que atravesamos los medios y los periodistas en las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales está inmerso en crisis que, por bien que se diga, es mal visto y cuando se producen críticas con buen contenido de orientación para cambiar conductas y comportamientos, surgen las posiciones contrarias porque siempre se cree o piensa que “hay oposición a lo que el Gobierno diga o haga”. No existe, pues, la suficiente visión como para entender que los medios, comunicadores, periodistas y gentes que emiten opinión lo hacen bajo el principio de servicio, de aporte a encontrar los mejores remedios a situaciones álgidas o difíciles por las que pueda atravesar el país.
El derecho de ejercer la libertad de expresión resulta delito para autoridades que, acomplejadas por diversas posiciones, están muy alejadas de lo que significa la libertad de pensamiento y el derecho a tener libre expresión que es, en todo sentido, libertad para ellos mismos pero que creen que debería estar conculcada para los medios y profesionales de la comunicación. El Gobierno, por propia conveniencia, sería bueno que examine procedimientos y actúe con la sindéresis, seriedad y responsabilidad necesarias, que pare campañas, directas o no, que se ejerce contra un derecho indestructible y que no pasará de tener vigencia en la vida nacional por más que pasen muchos poderes por los poderes del Estado.
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