Alcaldías y Gobernaciones definirán tarifas del transporte de pasajeros
16 mar 2011
Fuente: LA PATRIA
Al cierre de la semana pasada nos referimos a las “idas y venidas” del sistema de transporte público y por supuesto de los usuarios que rechazaron las tarifas por considerarlas muy elevadas en lo que corresponde a Oruro.
En nuestra nota señalamos que el mejor camino para solucionar el problema era ajustarse a normas establecidas en la CPE y a través de la Carta Magna respetar lo que se menciona en función de la vigencia de autonomías en cada uno de los departamentos, por tanto la salida legal correspondía a la aplicación de una norma del Poder Ejecutivo que otorgue todos los derechos y las garantías respectivas a los gobiernos municipales y cada gobernación para que conjuntamente definan las tarifas de transporte público de acuerdo a las características de cada ciudad.
No vamos a decir que nuestra nota impulsó la decisión del Gobierno, pero lo menos que rescatamos de nuestra posición es que no estamos lejos de una realidad y una posibilidad efectiva para solucionar los problemas de transporte en base a parámetros propios de la ciudad y en su caso del departamento.
Ya se explicó que de ningún modo se puede aplicar tarifas iguales para el país, pues no es lo mismo mantener un vehículo en La Paz que en Oruro o Sucre, tampoco comparar Santa Cruz con Beni o Pando o El Alto con Cochabamba, en cada caso hay razones que deben tomarse en cuenta para la elaboración de un tarifario que se ajuste a la realidad de costos en operaciones cotidianas del transporte público en minibuses, micros o taxis.
Al dictarse un “decreto transitorio” instruyendo responsabilidades compartidas a gobernadores y alcaldes, además de los respectivos asambleístas y concejales para que dialoguen con las partes interesadas, vale decir los transportistas y los vecinos se abre una posibilidad más próxima a lograr un acuerdo que se ajuste a la realidad y que responda a los intereses comunes de transportistas y de usuarios, entendiendo que en ambos casos, hay obligaciones que cubrir por efecto de un proceso inflacionario que alteró precios de alimentos y servicios.
Si bien se considera que el “decreto transitorio” resulta innecesario si se respetan los procesos autonómicos, las prerrogativas de las autoridades de cada departamento son justamente aquellas que definan las mejores opciones para mejorar, incrementar o modificar servicios públicos, lo que significa que las tarifas de transporte público y otras están en el marco de las atribuciones que deben ejercer responsablemente gobiernos municipales y departamentales trabajando coordinadamente y sin que ninguno ejerza presión política para resolver problemas, sino más bien aprueben normativas de beneficio colectivo.
Corresponde entonces que sin pérdida de tiempo, Gobernador y Alcaldesa se pongan a trabajar en la estructuración de las tarifas de transporte público tomando en cuenta las condiciones reales en que se desenvuelve el sistema de transporte, distancias, topografía, calidad del servicio, seguridad y comodidad, factores a los que se debe añadir, gasto subvencionado de carburantes, llantas, baterías, otros repuestos y mantenimiento, tomando en cuenta además para los dos sectores, usuarios y transportistas, la incidencia del costo de la canasta familiar.
Hay que establecer una tarifa real que sea admitida en la población y que obligue a los transportistas a cumplir un eficiente servicio en el recorrido de las rutas aprobadas y que, valga la ocasión, podrían ser modificadas para mejorar el servicio a favor de miles de personas de los barrios periféricos sin saturar el centro de la ciudad.
Fuente: LA PATRIA
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