En este tiempo en que se agudizan los problemas económicos para la gran mayoría de los bolivianos, incluyendo el bajo porcentaje de los que recibirán un 10 por ciento de incremento salarial, es necesario acercarse lo más que se pueda a la realidad en que viven las familias “tipo” del país, con un jefe de familia con salario fijo y sin muchas posibilidades de alcanzar equilibrio entre lo que gana y lo que gasta en la famosa canasta familiar.
Muchas apreciaciones se hacen en torno a ese recipiente de productos alimenticios de primera necesidad que disminuyen ostensiblemente cada vez que uno va de compras se encuentra con precios que no han bajado desde el “gasolinazo” y al contrario en muchos casos se elevan y se justifica el hecho en la vigencia de la libre oferta y demanda que a su vez respalda el D.S. 21060
Los dirigentes sindicales que analizan las condiciones de salarios y gastos no aceptan el incremento del 10 % considerado una burla frente a la escalada de los precios en mercados, almacenes y tiendas de barrio. Los analistas efectúan comparaciones entre los componentes de salario, gastos e inflación y a esos elementos las autoridades de gobierno le añaden un factor relacionado con el PIB que a su vez parecería apoyarse –teóricamente- en las macro cifras con muchos ceros, pero ninguno llega a los bolsillos del pueblo.
Consiguientemente hay que estudiar al interior de una comisión mixta el valor real de la canasta familiar, el contenido nutritivo de sus componentes y la cantidad de esos elementos que puedan satisfacer la exigencia de una alimentación regular para la conocida “familia tipo” compuesta por una pareja y hasta cuatro hijos, en la misma instancia el valor adquisitivo del salario, es decir hasta dónde puede “estirarse” su capacidad de compra y cuánto necesita de incremento para que sus beneficiarios vivan dignamente.
Actualmente con las condiciones vigentes, el aumento salarial, así fuera de 8 mil bolivianos, no solucionaría el problema global de orden social que persiste en el país donde sólo un 20 por ciento de trabajadores asalariados de sectores definidos tendrían el aumento, mientras el 80 por ciento de los trabajadores en el sistema informal tendrán que arreglárselas como puedan para subsistir y el único modo de hacerlo es encareciendo el precio de los que venden. Otro mínimo porcentaje que corresponde al sector privado está en la disyuntiva de lograr un acuerdo de partes que satisfaga su expectativa, pero que al mismo tiempo evite el colapso de su fuente laboral.
Dadas las situaciones reales que anotamos es prudente que más allá de seguir teorizando con cifras astronómicas que están fuera de la visión real de los trabajadores se establezcan condiciones favorables a un abierto dialogo entre representantes válidos de todos los sectores con las autoridades del gobierno para analizar en la práctica el valor real de los precios, la opción de gasto efectivo de un salario y establecer un correcto incremento de salarios que justifique además su beneficio colectivo y no selectivo, como sucede ahora.
Es importante que el Gobierno asuma la responsabilidad de priorizar la agenda social, dejando de lado aquellos prolegómenos políticos que durante toda la gestión pasada y lo que va de la presente están interfiriendo en la solución de los verdaderos problemas que causan incertidumbre en la familia boliviana.
Fuente: LA PATRIA
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