Se trata del transporte público y el que diariamente traslada ciudadanos de un lugar a otro de las ciudades y lo hace con ciertas características especiales que merecen ser tomadas en cuenta, justo en este periodo en el que ese sector está empeñado en lograr una elevación de sus tarifas.
Cuando se habla de los precios de la ya famosa “canasta familiar” sin lugar a dudas que la referencia involucra absolutamente a todos los ciudadanos, pero afecta con mayor fuerza a los de recursos limitados y congelados, esa mayoría de personas que no puede compensar el desfase de la canasta familiar con un salario mínimo vital que ni siquiera es el 50 por ciento de lo que representa el presupuesto mensual que una familia “tipo” necesita para vivir.
Como se dice comúnmente… “todos en la bolsa”, incluyendo a los trabajadores del transporte pero con ciertas variantes en la forma de compensar el déficit de la inflación y el descalabro de los precios.
Los trabajadores con sueldo fijo están limitados sólo a gastar lo que realmente tienen y para esa mayoría la elevación de “centavos” en pasajes de transporte, que se multiplican por tres o cuatro personas diariamente, significa una sangría dolorosa en la economía hogareña. No es lo mismo para el transportista que como hemos observado en el último tiempo, busca y encuentra modos de compensar su desequilibrio de ingresos, por ejemplo sólo con reducir en más de la mitad desde cierta hora el habitual recorrido de “su ruta”, cobrando tarifa completa a sus pasajeros ha recuperado y ganado lo suficiente para no sentir la diferencia de su tarifa y sus servicios.
Pero aún así el problema persiste y por lo visto hasta el momento hay un “pase de la pelotita” entre las autoridades de gobierno que buscan deshacerse del problema y transferirlo a la responsabilidad de los gobiernos municipales, pero estos últimos entendiendo que se trata de un asunto peliagudo y de graves repercusiones políticas tampoco se animan a tomar para sí “el pesado bulto”.
La sugerencia más próxima a la realidad es que alguien tiene que asumir la responsabilidad de fijar y aplicar tarifas para el transporte. Puede lograrse un consenso entre representantes de las partes interesadas, sean los vecinos, los transportistas, dirigentes cívicos y laborales, pero necesariamente autoridades de cada Gobernación en representación del Poder Ejecutivo y lógicamente la autoridad ejecutiva municipal, además en plena coordinación con autoridades de la Policía y del ministerio público para dar viso legal a cualquier acuerdo.
Es un problema que no puede prolongarse por más tiempo generando malestar e incertidumbre en la población, el remedio es conformar una comisión mixta que busque soluciones prácticas y adecuadas al problema de tarifas, pero también a las condiciones del servicio de transporte público de tal suerte que al definirse nuevas condiciones las mismas se cumplan y contente a los miles de usuarios que están concientes de las alteraciones económicas que afectan a todos, pero con ciertas diferencias que hacen más fácil asimilarlas si los componentes de costos y sus variables son plenamente comprensibles.
Mientras se ponga en vigor la verdadera funcionalidad de los gobiernos autónomos, que reglamenten condiciones de servicio a la población, hay que superar el problema con acuerdos entre partes y el compromiso de un fiel cumplimiento de los mismos bajo tuición directa de autoridades regionales.
Así no habrá idas y venidas inútiles sino plenamente justificadas.
Fuente: LA PATRIA
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