Y ahora ¿quién podrá defendernos?

La frase que identifica a un personaje de la televisión, muy visto y gustado por sus ocurrencias, resulta propicia para preguntarnos quién nos salvará del grave problema en que nos encontramos con un transporte irregular, con tarifas altas, en condiciones desastrosas, sin comodidad y sin seguridad, además con chóferes prepotentes. Alguien tendría que defender a la comunidad.

No será precisamente el personaje de la TV, pues de lo que se trata es de lograr una verdadera defensa de los ciudadanos, ahora vapuleados por las condiciones de abuso y prepotencia que ejercen los transportistas del servicio público, desde las condiciones de servicio, pasando por tarifas irregulares y para colmo ni siquiera cumpliendo las rutas fijadas.

Ya se ha mencionado que los transportistas, de manera general, también deben llevar dinero a la casa, pues muchas familias dependen de esos ingresos, por tanto la especulación vigente y ciertas condiciones inflacionarias tienen su efecto en la economía de todos los sectores… pero.

Pero resulta que en el recuento que se hace de los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos en general, pues la gran mayoría no goza de algunos privilegios que tienen los transportistas, por ejemplo el precio de los carburantes subvencionados, no tienen obligación tributaria mensual como cualquier otro ciudadano que invierte en cualquier tipo de negocio, no tiene obligaciones sociales y todo lo que percibe es parte de su recuperación en capital y en utilidades diarias, además de otras ventajas que se anuncian para facilitar por ejemplo la adquisición de llantas, baterías y algunos repuestos a precios de importación, se supone con un magnífico descuento. Es más, hasta la reconversión de gasolina a gas tendrá su valor especial para el transporte público, no será el mismo tratamiento para los particulares.

Y contra esa realidad es bueno que se haga una correcta observación de la hoja de costos del transporte público y su relación directa con las tarifas que deben aplicarse de manera legal y no arbitraria como sucede con las actuales condiciones. Estamos a merced de un sector que entre otras cosas no admite competencia, se rige por la negativa forma del monopolio, no acepta el transporte libre y aplica tarifas bajo condiciones de libre oferta y demanda. Es decir que se trata de un poder fáctico que hace lo que quiere y como puede.

Entonces con justificada razón la ciudadanía se pregunta, ¿Quién podrá defendernos? y la respuesta no puede ser otra. La responsabilidad de cuidar los intereses de la población en general es del Gobierno a través de todos los mecanismos a su alcance, haciendo cumplir las leyes y las disposiciones vigentes para evitar que se dañe la ya menguada economía popular.

No más chapulines colorados, aquí se necesitan medidas con suficiente poder de autoridad, de manera que no sea un mínimo sector que atropelle la dignidad de las personas, aplicando tarifas caprichosas, por un mal servicio que prestan y sin visos de mejorarlo, especialmente en el cumplimiento de sus rutas, la seguridad y comodidad que deben ser normas permanentes para justificar un aumento real de tarifas y no uno arbitrario y abusivo.

Fuente: LA PATRIA