Curiosamente la falta de visión e incapacidad del gobierno central, ocasionado por su famoso gasolinazo del 26 de diciembre pasado, transfirió el tema tarifario del transporte urbano colectivo a un enfrentamiento entre usuarios y choferes del sector y paradójicamente entre los mismos agremiados. Ocurre que este servicio público, desde siempre, estuvo, a falta de una planificación técnica y económica por parte del gobierno, a cargo de quienes por iniciativa propia destinaron sus recursos económicos y sus inquietudes al transporte urbano e interurbano, incrementando, en los últimos años, por el crecimiento de la población y la falta de empleo. Las autoridades de gobierno en su conjunto, y en todo tiempo no hicieron otra cosa que aprobar el diseño y modo operativo de éstos servicios.
Hoy en día además de ser un servicio público imprescindible, se convirtió en un caos. H allegado el momento en que Estado y sociedad al cabo de un severo examen, inicien a formular parámetro en bien del usuario conformado por la inmensa mayoría de la ciudadanía.
El Estado debiera tomar a su cargo la elaboración de un nuevo modelo de transporte urbano colectivo en el que con su participación económica y financiera, se organicen empresas, cooperativas o asociaciones colectivas en los 9 Departamentos del país, partiendo de que el clima, modo de vida, trabajo, producción, distancias, etc., varían entre sí.
Igualmente el diseño y características de los vehículos deben ser diversos por ejemplo: potencia del motor, largo, ancho y altura de la cabina, número y tipo de asientos; finalmente, número y tipo de unidades para cada Departamento.
La responsabilidad operativa no debe tener carácter sindical por que no existiría relación obrero-patronal, todos serían propietarios.
El Estado, como ocurre en algunos de nuestros vecinos en Sudamérica y más allá, debe otorgar por una sola vez a la empresa, cooperativa o lo que se llame, un crédito equivalente al 25% de un determinado lote de vehículos por Departamento con la garantía de los mismos vehículos, fijar un Seguro y plazos de amortización.
Los costos de operación, rutas y recorridos en cada Departamento deben ser fijados por el Estado –gobernadores, alcaldes-, obviamente, el costo de operación debe cubrir: Subsistencia, mantenimiento, amortización y reservas para renovación de equipo.
Demostrar y ponderar, como ocurre todos los días en la televisión, los éxitos macroeconómicos alcanzados por el actual gobierno, debiera traducirse en beneficio de la población de a pie. El servicio urbano colectivo planificado y ejecutado bajo normas de beneficio mutuo, medio ambiente y otros, sería uno de los más transcendentes.
Desde ya no es nada fácil, requiere el concurso de mujeres y hombres con formación. En cuanto al financiamiento y provisión de los vehículos, Brasil, Argentina y México, tienen la capacidad técnica y económica, estos países con la garantía del gobierno nacional, podrían contribuir a la ejecución de éste plan. Por las actuales condiciones de éstos servicios a nivel nacional, la obsolescencia de los motorizados y la forma y condiciones en la qe se opera, si no se inician ya a examinar con responsabilidad tales problemas, éstos se multiplicarán y todos seremos responsables. Pues entonces, el Estado Central debe de inmediato tomar la iniciativa. El aumento desmesurado de la burocracia estatal debe trabajar y rendir frutos que la colectividad está esperando.
Uno de éstos sería: Planificar y Ejecutar un Nuevo Servicio de Transporte Colectivo Urbano.
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