Lo que menos se puede esperar en un momento tan crucial, por la proximidad del Carnaval, es que un grupo de personas afiliado a un sector del transporte amenace con “sabotear” el evento regional que marca el sello de prestigio para nuestro país, pero particularmente para nuestro departamento, el Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
Una amenaza como la que lanzaron los chóferes asalariados - seguramente muy pocos no devotos de la Virgen del Socavón - reclamando por una solución al problema de las tarifas no puede pasar a la instancia de poner en riesgo la organización y realización del Carnaval, seguro que no. “Si no hay solución, no hay Carnaval” es un estribillo que puede alterar seriamente la presencia de visitantes tanto del interior como del exterior del país, cuidadosos los turistas de no “mezclarse en conflictos” que pueden ser peligrosos por sus connotaciones y perjudiciales en el caso de alterar una programación que tiene días fijos para su realización.
No se puede creer que existan mentes que crean ideas “descabelladas” justamente en el centro de mayor atracción en el contexto de la geografía nacional, pues el destino de miles de visitantes es Oruro, que está listo para realizar su Carnaval que no podrá alterarse por actitudes desaforadas que podrían ejecutar desubicados asalariados.
El problema tiene que ver con las tarifas impuestas irregularmente por los transportistas propietarios y que también cobran en su trabajo chóferes asalariados cotidianamente y sin cumplir plenamente sus obligaciones con los pasajeros, especialmente en lo que corresponde al cumplimiento de las rutas de “parada a parada”, pues se ha hecho costumbre que desde cierta hora de la tarde la mayoría del transporte público cubre sólo parte de su ruta y cobra la tarifa completa, además de mantener deficiencias en el servicio, llenar los vehículos en exceso y finalmente agredir verbalmente a los pasajeros.
Si los transportistas desean que la ciudadanía incremente las tarifas es natural que los pasajeros exijan comodidad y seguridad y, que los precios vigentes en la actualidad sean regulados en función a la realidad económica que rige en el distrito que no es la misma de otras ciudades, donde con mayores problemas se cobra menos que en Oruro, con topografía sencilla, con recorridos más cortos entre paradas y soportando las incomodidades de un transporte descuidado y prácticamente obsoleto.
El problema debe ser solucionado por las autoridades y entre estas, la Alcaldesa tiene la misión oficial de ejercer control de precios y de aplicar sanciones a los infractores. Esa labor debe desarrollarse con apoyo directo de la autoridad policial y sus efectivos, incluyendo al Ministerio Público para fines de orden legal y la Gobernación para imponer autoridad, de tal modo que no se altere el tráfico vehicular, no se perjudique a la comunidad y se eviten las confrontaciones que pueden derivar en lamentables hechos, que nadie quiere.
En lo que corresponde a la loca amenaza de alterar el Carnaval, debe tratarse de un “lapsus” (en boca de malos transportistas) que sin embargo entraña un latente peligro que no debería quedar simplemente en la vocinglería de altaneros orureños, el caso merece investigación e identificación de los dirigentes que amenazan alterar el orden público y dañar el Carnaval de Oruro, afectando su imagen, su economía y la armonía necesaria para recibir con las puertas abiertas a los visitantes del mundo y del país.
Fuente: LA PATRIA
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