Puede ser una solución a los muchos factores adversos que se confrontan en el proceso de contratación, ejecución y entrega o recepción de obras, muchas inconclusas, con serias deficiencias y por supuesto en gran parte de los casos infringiendo normas establecidas en los contratos legales.
Hemos observado el estado de muchas obras ejecutadas a medias en la anterior gestión prefectural, especialmente en lo que corresponde a proyectos viales, para otras obras se dispusieron recursos y los trabajos ni siquiera comenzaron, hay otros trabajos sin concluir como la doble vía entre la ciudad y la localidad de Vinto, además de otros hechos que muestran la falta de control y adecuada fiscalización, como en el caso de la cúpula prefectural… en fin, hay mucho por señalar, pero los ejemplos bastan y sobran.
Dadas esas características de contratación de obras, la falta de organismos para fiscalizar y ejercer adecuado control de la ejecución de los proyectos, podría ser que funcione el denominado “control social”, siempre que el mismo sea estructurado de forma seria y sus componentes no sean miembros o parte del sistema partidista en gobierno, pues si así fuera el remedio sería peor que la enfermad.
La principal autoridad de la Gobernación señaló a tiempo de anunciar el inicio de obras en 23 proyectos que “el control social deberá ser el encargado de fiscalizar con celo el trabajo de las empresas constructoras, que ejecutarán los proyectos de acuerdo a los contratos aprobados”. Se anticipó que ya se realizó el desembolso de algunos “anticipos” para el inicio de trabajos, empero se sabe también que algunas empresas que recibieron el adelanto no presentaron su cronograma de trabajo, lo que se considera una primera y seria falla en el proceso de cumplimiento de responsabilidades.
Por lo visto todavía no funciona el “control social” pues al existir una primera muestra de incumplimiento por parte de algunas empresas, las transgresoras deberían haber sido objeto de una mínima pero severa llamada de atención.
Se trata de cinco millones de dólares comprometidos para cubrir los gastos que demanden 23 proyectos para mejorar servicios de salud, educación y turismo en el Municipio de Oruro y sus circunscripciones, lo que obliga a disponer medidas de control que eviten distorsiones en la ejecución de obras, que impidan el desvío indebido de recursos y que exijan el cumplimiento de cronogramas y calidad de trabajos. Sólo así podrá hablarse de un estricto control social, sin eliminar claro está los sistemas de fiscalización legales que también deben cumplirse obligadamente.
Que la idea de disponer de Control Social para vigilar la ejecución de obras no distorsione la verdadera fiscalización que debe existir de acuerdo a las normas vigentes para este tipo de contratos. Sin lugar a dudas un doble control tendrá mayor efecto para la ejecución de proyectos, siempre que no se contrapongan los factores políticos, que generalmente incumplen deberes, se convierten en cómplices de irregularidades y finalmente soslayan las sanciones que debe aplicarse a los infractores. Obras y control social deben coincidir en su efectividad y solvencia.
Fuente: LA PATRIA
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