El problema generado por la decisión de los transportistas de incrementar sus tarifas, ante la elevación del costo de vida y el precio de sus insumos, y el rechazo del resto de la población que ve en esta medida una nueva agresión a su magra economía, no ha encontrado una vía de solución adecuada debido a la indefinición de la autoridad competente.
Este tema ha llegado al punto de generar enfrentamientos entre vecinos y transportistas, en regiones como Cochabamba y Potosí, pudiendo el conflicto expandirse a otros municipios y regiones, debido a la actitud displicente de funcionarios del Gobierno Central, que de acuerdo al artículo 96 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, es responsable de “fijar las normas, políticas y parámetros o estándares técnicos mínimos y referenciales del transporte”, para la regulación de las tarifas, tareas que hasta la fecha no han sido cumplidas generando un peligroso vacío que obliga a transportistas y población a tratar de resolver esta contradicción de intereses por la vía de la confrontación callejera, ante la ausencia de autoridad responsable que concrete la solución de este conflicto.
En esto mucho tiene que ver la falta de definición de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que por lo visto dubita en sus decisiones al no haber tenido la capacidad de contar con un estudio técnico serio que permita fijar parámetros de costos en las distintas regiones del país, situación que pone en cuestionamiento la eficiencia de esta entidad, tal como lo expresaran los representantes de los chóferes.
La ATT intentó pasar a los municipios la responsabilidad de resolver este conflicto, cuando de manera clara la Ley Marco de Autonomías señala que la competencia de los Gobiernos Municipales Autónomos, es “regular las tarifas en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel Central del Estado”, debiendo entenderse esta “regulación”, según el economista Roger Noll, como “una forma de alterar el comportamiento de un mercado mediante la promulgación de reglas coactivas (que debieran provenir inicialmente del Gobierno Central como marca la Ley) que rijan algún aspecto de la producción, los atributos cualitativos, la entrada y/o el precio a los que un bien es adquirido y vendido por otros."
En sentido amplio, la regulación consiste en un conjunto de acciones de un ente gubernamental, para controlar los precios y ventas de un servicio, como un esfuerzo para prevenir que los operadores privados tomen decisiones que podrían afectar el bienestar de los usuarios de dicho servicio. Así la regulación restringe y vigila las actividades, en este caso de los transportistas, en resguardo del interés público y en el marco de una norma legal. Por tanto, para que pueda existir una acción regulatoria por parte de los municipios, y se termine por dar solución a este conflicto, debe existir un rango de instrumentos legales y decisiones constitucionales, ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, legislaciones subordinadas, decretos, ordenes, normas, licencias, códigos y otros en el marco de la nueva Constitución y la Ley Marco de Autonomías, que a la fecha no han sido desarrollados por las instancias del nivel Central del Estado, designadas por Ley para ello, lo que podría devenir en nuevos conflictos en este y otros temas, fruto del incumplimiento de funciones o la incapacidad de autoridades designadas para estos fines.
(*) Especialista en Gestión Pública
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