El marco legal del país dispone el cumplimiento de normas que se aprueban en el Congreso nacional y que son las Leyes que establecen las condiciones en que los ciudadanos deben desarrollar sus actividades, esas dispocisiones son luego promulgadas por el Ejecutivo y su cumplimiento es inapelable. También tienen fuerza “de ley” los Decretos Supremos que emite directamente el Gobierno y que son instrumentos para regular el quehacer ciudadano, gusten o no gusten, en todo caso las leyes y los decretos pueden cambiarse o abrogarse dependiendo de las condiciones propias en cada caso, pues unas y otras son siempre perfectibles.
Mencionamos de manera sintética aquellos valores para señalar la importancia que tienen ahora los gobiernos departamentales con su Asamblea respectiva y un Gobierno Municipal como ente deliberante y cada Alcaldía como parte del sistema con atribuciones de Ejecución. De ese modelo surgen las ordenanzas y resoluciones administrativas que tienen fuerza de ley para su cumplimiento en la comunidad, de manera que nadie puede ignorar tales disposiciones y al contrario todo ciudadano disciplinado debe acatarlas so pena de ser sancionado por incumplimiento o infracción a normas en vigencia.
Hay que tratar este delicado asunto sencillamente porque en el caso municipal especialmente hay muchas ordenanzas que no se cumplen y pese a que están en plena vigencia, se incumple su valor dispositivo y se infringen importantes regulaciones, no se acatan muchas prohibiciones y por tal razón hay un marcado desorden organizativo en la ciudad que la convierte en un verdadero centro caótico, donde muchos hacen lo que quieren y pocos son los que hacen lo que deben.
En ese sentido es bueno recordar que en el momento actual han salido nuevamente a luz dos ordenanzas específicas, una relacionada con la aplicación de precios en el transporte público, que por supuesto están por debajo de las tarifas arbitrariamente impuestas por los transportistas, de modo que la Alcaldesa, con apoyo de autoridades específicas debe hacer cumplir la regulación de tarifas en defensa de la economía popular.
Otra ordenanza que se desempolva por efecto de temporada es la que prohíbe el juego con agua antes y durante el carnaval, con recomendaciones expresas para cuidar el agua como elemento vital para la población que no puede ser desperdiciado y otro porque sencillamente el juego con globos y directamente con recipientes molesta a la ciudadanía en conjunto y afea el carnaval cuando inclusive se moja a los danzarines.
En este preciso tiempo esas dos regulaciones municipales, regulación de tarifas de transporte y adecuado uso de agua potable deben cumplirse con todo el peso que tienen. Para ese objeto la autoridad del municipio debe recibir el apoyo necesario y suficiente de autoridades policiales, efectivos de Tránsito, gendarmes municipales y seguramente en algunos casos el Ministerio Público. Sólo una tarea coordinada de ese modo surtirá sus afectos para que los infractores reciban la sanción que corresponda y de ese modo se ajusten a las disposiciones en vigencia.
Todas las disposiciones nacionales y departamentales se dictan para su cumplimiento, las autoridades tienen la responsabilidad de su ejecución.
Fuente: LA PATRIA
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