Ha sido el vicepresidente del Estado Plurinacional Álvaro García Linera quien en respuesta al planteamiento de la COB para incrementar salarios, por lo menos en un 30 por ciento, señaló contundentemente que ese aumento debe darse “en el orden real y no ficticio”, negando de tal modo el pedido de la COB.
Corresponde señalar que el costo de vida por el incremento en los precios de la mayoría de artículos de consumo se ha elevado sustancialmente y es un hecho que no puede negarse y menos soslayarse con argumentos de tipo teórico en el manejo de cifras, buscando porcentajes y límites acorde a las posiciones de dos sectores, el Gobierno o los trabajadores.
El poder adquisitivo de los salarios ha perdido “valor” real a la hora de querer comprar ahora con un mismo monto lo que llenaba la canasta familiar hace poco tiempo atrás. Ese es un hecho evidente que no deberías escapar al análisis de las autoridades de Gobierno obligadas a observar las evidencias que se registran en los mercados y en las tiendas de abasto, donde los precios se han elevado.
Sucede que desde semanas atrás se ha generado una ola de protestas por el alza de precios en alimentos y de servicios como el caso del transporte, ambas situaciones afectaron seriamente la economía “estabilizada” de la población, especialmente de la que vive con salarios fijos y también de la otra que en gran número se agrupa en el sector de “cuenta propia” que trabaja y gana al día.
Ahora bien, un cálculo frío sobre lo que sucede realmente en materia de la especulación reinante, con precios que en algunos casos sobrepasan el 30 y 40 por ciento de su valor próximo pasado, sumados a otro porcentaje parecido en que se elevaron los pasajes del transporte público, debería compensarse con “una media” porcentual que permita equilibrar ingresos y egresos familiares.
En niveles de Estado y del empresariado privado se manejan posibilidades de incremento salarial algo mayor al 7 por ciento sin posibilidades de llegar ni siquiera al 10 por ciento, pues el índice inflacionario no llegó a esos límites, por tanto hay una situación económica para un sector y otra “real” para los que deben estirar sus presupuestos en una “misión imposible”.
El hecho es que las cosas no pueden, no deben seguir en los próximos días tal como están ahora, si se quieren evitar conflictos que alteren la convivencia pacífica en el país, hay necesidad de aplicar medidas que regulen los precios y hagan accesibles las compras mínimas de la población. Se exige un estricto control de precios que, lamentablemente, no funciona por la vigencia del D.S. 21060 que permite la libre competencia y el juego de la oferta y la demanda.
Se ha sugerido eliminar ese instrumento (21060) que sirvió en otro tiempo y con otro tipo de efecto socio económico que frenó en seco una hiperinflación que colocó al país al borde del despeñadero. Ahora se requieren medidas que sirvan para ejercer control de precios, toda vez que la aparente escasez de ciertos alimentos desaparece paulatinamente y no hay razón para que se incrementen precios con la salvedad de instrumentar medidas más efectivas para evitar el contrabando de algunos productos. La otra alternativa es que recurriendo a las “macro cifras” se disponga el uso de cierta cantidad de esos recursos para fomentar abiertamente los sistemas productivos e incrementar la producción, eliminando también ciertas medidas restrictivas aún vigentes.
Se trata de ver la realidad y asumir medidas concretas que eviten distorsiones por la ficción existente en el manejo de cifras, de manera que los ingresos de la población sirvan para llenar la canasta familiar, por lo menos modestamente.
Fuente: LA PATRIA
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