Las últimas determinaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas referidas a los pasos que deben dar los 337 municipios del país para viabilizar la ejecución de proyectos de inversión, están mostrando la alarmante visión centralista con que esta instancia del Gobierno Central trata de administrar las arcas del Estado.
Es así que han dispuesto procedimientos que vulneran la autonomía municipal, pues el Ministerio en cuestión pretende que, a partir de ahora, los presupuestos municipales y posteriores reformulaciones que actualmente son aprobados y modificados por los Concejos Municipales, sean enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, donde los asambleístas difícilmente estarán informados de las causas por las que se están haciendo modificaciones presupuestarias, en municipios en muchos casos desconocidos y ajenos para cada uno de ellos.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas sabe que la Constitución Política del Estado establece como una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales en su jurisdicción, “elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.”, así lo señala el inciso 23 del Art. 302 de nuestra “Ley de Leyes”.
En este sentido, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización determina en el Artículo 114, que “los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus presupuestos institucionales aprobados por el Concejo municipal con el pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente”. El mismo artículo establece que “una vez aprobado por el órgano deliberativo del gobierno autónomo, el presupuesto institucional de una entidad territorial autónoma no podrá ser modificado por otra instancia legislativa o ejecutiva, sin la autorización del correspondiente gobierno autónomo”, disposición que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pretende transgredir al plantear que la inscripción de Saldos en Caja y Bancos de los gobiernos municipales deben pasar a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para colmo de males, varios municipios habrían señalado que en ese Ministerio se hicieron modificaciones en los presupuestos aprobados por los concejos, situación que, de confirmarse se constituiría no sólo en un hecho de abuso de poder sino en un hecho ilegal.
No es necesario aclarar que la norma en materia presupuestaria, establece con total contundencia la autonomía que tienen los Gobiernos Municipales para definir aspectos inherentes a la gestión administrativa y financiera, por lo que de ninguna manera corresponde su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional; este procedimiento planteado por el Ministro únicamente incrementaría las ya muchas trabas burocráticas, obstaculizando la ejecución de los proyectos de inversión y atentando contra la gestión financiera de los municipios.
Este tipo de decisiones denotan una visión totalmente centralista, postura incomprensible, pues en términos de gestión ha quedado por demás demostrado que la manera menos eficiente de planificar, ejecutar y fiscalizar los recursos públicos es desde el centralismo.
(*) Especialista en Gestión Pública
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