Durante prácticamente una semana los orureños hemos confrontado un grave perjuicio por el efecto surtido de medidas cumplidas en busca de una solución al problema vigente, las tarifas del transporte público.
Advertencia y luego ejecución de medidas de presión por parte de los vecinos agrupados en su federación departamental y en sus juntas vecinales que si bien no bloquearon las anunciadas mil esquinas, fue suficiente conque lo hagan en cien y se alteró el tráfico vehicular y peatonal.
Cinco días de circulación irregular del transporte público sólo en ciertos sectores y en horas posteriores a los bloqueos, propiamente en la tarde y la noche, mientras en el día estudiantes, amas de casa y trabajadores tuvieron que ingeniárselas para llegar a sus centros de actividad y por supuesto para retornar a sus hogares.
Ineficiencia e incapacidad de negociación en los sectores en pugna, por una parte las autoridades del Concejo Municipal y por otra en los ejecutivos del sector transporte, mientras presionaban los dirigentes vecinales. Varias sesiones sin resultados positivos, declaratoria de “cuarto intermedio” en las tratativas, frente a posiciones intransigentes, en tanto los transportistas por su parte simplemente no cedieron un centímetro en su posición pues las tarifas no han rebajado ni un centavo.
Incidentes durante los días de conflicto entre vecinos de algunos bloqueos y los transportistas en sectores de la periferia y en especial en la zona de Vinto donde se interrumpió el transporte interdepartamental con muy severas y justificadas protestas de los afectados, gente de fuera que llegaba a nuestra ciudad o debía seguir viaje a otros distritos y orureños en pos de viajar.
Hubo damnificados, el caso de transportistas cuyas movilidades fueron atacadas y sufrieron daños materiales que por supuesto representan pérdidas, como efecto de acciones “previstas” por la contundencia de las medidas que, dicho sea de paso, no pudieron evitar las autoridades policiales que se limitaron a observar a distancia los lamentables problemas y daños a la colectividad.
La ATT que gastó un millonario presupuesto en el estudio de tarifas para varios distritos dio un estratégico paso al costado y dejó la fijación de tarifas como responsabilidad para los municipios, mientras tanto a nivel del gobierno no se dispuso ninguna medida que disminuya los efectos de perjuicio ciudadano, tras las movilizaciones en la mayoría de las ciudades capitales donde vecinos y transportistas se enfrentaron diariamente.
El gran problema del momento, propiamente a una semana de conflictos, es que Gobierno y Alcaldías no se ponen de acuerdo en la fijación y aplicación de las tarifas de transporte público, que deberían acomodarse a las condiciones de topografía, distancias y sobre todo economía regional, pues no es lo mismo estar en Santa Cruz o La Paz que en Oruro y Potosí donde hay variables sustanciales para aplicar tarifas. Lo elemental parece que debería ser una medida del Gobierno definiendo “rangos y promedios” para cada distrito y a partir de esa normativa tendrán que ser los municipios que hagan cumplir las medidas, sin alternativas de ninguna especie.
Mientras tanto debería aplicarse de manera general una prohibición radical de incremento en tarifas de transporte lo que no significa desconocer que también para los transportistas se elevó el costo de la canasta familiar y la compensación a ese desfase debe medirse racionalmente. La pena es que tras el gasolinazo muchos precios subieron y aún no bajan a su nivel regular, entre éstos los pasajes de transporte. Un problema que debe solucionar de manera general el equipo económico del Gobierno nacional para evitar el efecto surtido de perjuicios para la población.
Fuente: LA PATRIA
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