Cientos de indígenas volvieron a protestar en Brasilia contra la construcción de una inmensa represa en la Amazonía y entregaron al Gobierno un documento de rechazo apoyado por 604.000 firmas, aunque el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, afirmó que no hay marcha atrás.
"La construcción será iniciada dentro de muy poco tiempo", dijo a periodistas el titular de Minas y Energía, Edison Lobao, mientras los indios se manifestaban frente a la sede del Congreso, a unos 300 metros de su ministerio.
Lobao reiteró que el Gobierno cuenta con las garantías "legales y ambientales" para avanzar en el proyecto y que la población de la zona que se verá afectada por la represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, será indemnizada y reubicada.
El polémico proyecto, al que se resisten indios, agricultores y grupos ecologistas, supone la construcción de una inmensa mole de concreto que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de la de Tres Gargantas (China) e Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.
Belo Monte utilizará agua del río Xingú y será instalada en el municipio rural de Altamira, en el estado amazónico de Pará, que tiene unos 110.000 habitantes.
Según el Gobierno, costará 10.600 millones de dólares, generará 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río y creará 18.700 empleos directos.
Su construcción obligará a inundar un área equivalente a 506 kilómetros cuadrados y a desplazar de la zona a cerca de 50.000 indios y campesinos, según sostienen los movimientos sociales.
"No queremos Belo Monte, porque acabará con nuestros ríos, con la selva y nuestra vida", dijo a Efe el cacique Raoni Metyktire, de la etnia kayapó y quien desde hace 30 años se opone al proyecto, que comenzó a gestarse en la década de 1970, cuando Brasil era gobernado por una dictadura.
Tras haber estado estancada durante décadas, la idea resurgió en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y ha sido asumida por su sucesora, Dilma Rousseff, como uno de los principales proyectos energéticos del país.
Ireo Kayapó, otro de los indios presentes en la protesta, aseguró que no les han explicado el proyecto y aseguró que si son expulsados de sus tierras "habrá guerra y correrá sangre".
En la protesta también participaron pequeños agricultores de la zona que será inundada y reclamaron que aún no se les ha planteado una solución ante el inminente desalojo.
Francisco Gomes Neto, un pequeño productor de cacao de 61 años que reside en la zona desde hace una década y deberá abandonarla en caso de que el proyecto avance, dijo a periodistas que hasta ahora ninguna autoridad le ha hecho una propuesta.
Gomes Neto, natural del estado de Piauí, en el noreste de Brasil, apuntó que en su región natal hace dos décadas construyó una represa "mucho menor que la de Belo Monte" y que "la vida en esa zona acabó, pues inundaron todo".
Tras la protesta ante el Congreso, un grupo de unos diez indios y agricultores fue recibido por funcionarios de la Secretaría de la Presidencia en el Palacio de Planalto, a quienes entregaron unos documentos contra el proyecto apoyados por 604.000 firmas.
Pese a la declaración del ministro Lobao, los funcionarios se comprometieron a entregar los documentos a Rousseff, a abrir un canal de diálogo con los movimientos sociales e incluso a realizar una visita a la zona, dijeron a Efe fuentes del movimiento Xingú Vivo.
Las obras fueron licitadas en abril del 2010 en medio de pleitos judiciales entre grupos que se oponen y el Gobierno, que finalmente celebró la subasta y adjudicó el proyecto a un consorcio encabezado por la Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf, estatal).
Fuente: Brasilia, feb (EFE).-
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