Hay que propender a rescatar y garantizar las inversiones para la minería boliviana

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Un recuento de las actividades mineras refleja una ostentosa disminución de proyectos y consiguientemente de inversiones lo que significa que por factores vigentes en la dinámica de la administración nacional no se han concretado más inversiones y eso nos coloca en la posición de país “conflictivo e inseguro” para invertir.

El problema de inseguridad jurídica es patético en el ámbito financiero, porque inclusive la estatal petrolera reconoció que en ese rubro la inversión muy baja debido justamente a la inseguridad jurídica reinante.

Si se analizan sólo esos dos casos estamos hablando de un déficit de ingresos para el país, cuando no se invierte en los principales renglones de producción y en el adecuado uso de nuestros más importantes recursos naturales, petróleo y minería, sin contar otras opciones que también se han restringido.

Es que en la proyección económica de otros países prevalecen las condiciones de atracción de incentivos, pero fundamentalmente de “seguridad jurídica” el principal elemento para movilizar, acomodar y utilizar capitales y tecnología.

Nuestro país se ha caracterizado en el último periodo por cierta inestabilidad socio-política que ha prevalecido frente a la necesidad de encarar la “agenda económica” que tal parece recién será tomada en cuenta para fines de establecer las mejores condiciones de un cambio con beneficio.

En el criterio de expertos y analistas que observan el movimiento de las fichas en el tablero económico del país, hay dos factores adversos que deben ser eliminados, por una parte y primordialmente la inseguridad jurídica tiene que transformarse en un motivo de garantía para inversionistas dentro el contexto de la nueva Ley Minera que demora en su aprobación. Por otra parte y con carácter de urgencia se esperan definiciones en el rubro de inversiones del Estado, tanto en hidrocarburos como en minería, para saber luego con qué y cuántos recursos financieros contamos para encarar los “mega proyectos” de la minería del litio, consolidar la del hierro y en ambos casos propender a su industrialización para la generación de material exportable con valor agregado y precio competitivo frente a la competencia.

Demás está decir que si no hay condiciones propicias debidamente anunciadas y que sean parte de una política de desarrollo nacional difícilmente se podrá convencer a los capitalistas para que incluyan Bolivia en sus agendas de inversión… y sabemos muy bien los bolivianos que más allá de la famosas “macro cifras” los capitales nacionales o externos son absolutamente necesarios para desarrollar múltiples proyectos que están esperando sólo una inyección financiera para comenzar a andar.

Algo que no podemos obviar al rescatar estudios importantes de entendidos en la materia de inversiones es que se necesitan normas específicas, concretas, para cada caso, hablando de los sectores de hidrocarburos y minería, es decir leyes actualizadas, debidamente sustentadas para facilitar las actividades productivas y no empantanarlas o retrasarlas por inseguridad jurídica o sólo por elementos negativos que se “descomponen” en las contradicciones políticas que siguen retrasando el desarrollo nacional.

Actualmente en los dos rubros, petróleo y minería, hay empresas privadas que están operando pero sólo “por cumplir convenios en curso de ejecución” sin animarse a “sacar más fondos” del maletín, menos herramientas o equipos que permitan avanzar en la consolidación de importantes emprendimientos.

Las coincidencias en los dos sectores más fuertes de la generación de divisas pasan por la urgencia de renovar las leyes que regulan su funcionamiento, es muy claro que se necesita una nueva Ley de Hidrocarburos que viabilice la exploración y explotación (en ambos casos) en términos tributarios y reglas claras que incluyan nuevas condiciones de apertura y no de cierre, para que fluyan capitales y se conviertan en soporte de la nueva proyección industrial más importante del país.

La nueva ley de minería está en preparación, por lo menos existe la promesa presidencial de que la misma será consensuada – plenamente – con delegados de todos los sub sectores, de forma que ese instrumento una vez promulgado aliente inversiones, garantice las mismas y permita el cumplimiento de planes de exploración, explotación, tratamiento o procesamiento de los recursos naturales, su industrialización y la puesta en venta de esos productos en los grandes mercados externos, donde los requerimientos son cada vez más crecientes.

Ya se han tomado algunas medidas en materia minera, como la anulación de las concesiones, anticipándose su migración a contratos con el Estado, sólo que las condiciones, seguridades y otros detalles estarán en la nueva Ley Minera que se hace esperar, pero que por lo mismo se supone será un documento de alta valoración en su contenido normativo para mejorar el crecimiento del sector.

Una infeliz coincidencia en los dos casos es limpiar con mucha cautela, pero con mucha solvencia jurídica, el tema referido “al permiso que deben otorgar las comunidades para tareas de explotación petrolera o minera” en sus territorios. Este es el mayor escollo, de momento, a la provisión de capitales.

No hay que olvidar bajo ningún punto de vista que el mejor incentivo que puede tener una empresa inversionista en cualquier país, es gozar de las garantías necesarias para realizar una producción bien remunerada, con un régimen impositivo equitativo dentro un marco legal de solidez y transparencia.

(Agencia Uru

Fuente: LA PATRIA