Oposición en Perú contra decretos que reducen requisitos para concesiones
10 feb 2011
Fuente: Lima, 9 (EFE).-
Los dos decretos de urgencia que exoneran a 33 grandes proyectos de la necesidad de presentar informes ambientales previos para ganar la concesión, han encontrado en Perú una dura oposición que ha hecho que el Gobierno convoque a los gobiernos regionales en un aparente intento de reconsiderar el caso.
Promulgados los pasados 18 y 21 de enero, los dos decretos permiten dar la concesión de 33 proyectos sin la necesidad de la presentación previa del informe de impacto ambiental, lo que ha sido criticado desde organizaciones indígenas y hasta por la propia Iglesia católica.
Ante estas críticas, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció hoy que el Poder Ejecutivo convocará en breve a los presidentes regionales para escuchar su opinión sobre los polémicos decretos.
Los ataques contra estas polémicas normas han ido repitiéndose desde su promulgación, y hoy la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), principal asociación indígenas del país, y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) también se sumaron para reclamar al Congreso que derogue los dos decretos.
Ambas asociaciones señalan el carácter inconstitucional de las normas, ya que contradicen el artículo 118 de la Constitución peruana, así como otros ordenamientos jurídicos como varias sentencias del Tribunal Constitucional.
El objetivo de los dos decretos, según el Ejecutivo, es acelerar la concesión de "33 megaproyectos de infraestucturas de necesidad nacional", lo que incluye desde muelles a centrales hidroeléctricas, y cuando al actual Gobierno le quedan menos de seis meses en el poder.
"Con esta actitud, el presidente de la República (Alan García) esta violando flagrantemente normas ambientales vigentes, así como su primera responsabilidad constitucional que es la de ´cumplir y hacer cumplir la constitución´", señala en una nota de prensa Aidesep.
La SPDA, por su parte, se posiciona en un comunicado conjunto con el Instituto de Defensa Legal, en el mismo lugar que la Defensoría del Pueblo, que dio su opinión el 2 de febrero, al señalar que con los nuevos decretos los informes de impacto ambiental pierden su sentido.
Aunque el Gobierno ha asegurado que estos informes deberán ser presentados luego de que la concesión se haya otorgado, las voces contrarias señalan que esto carecería de sentido, ya que los informes ambientales deben servir para incorporar aspectos preventivos en el propio planteamiento de los proyectos de inversión.
Las críticas a los decretos también han provenido de varios gobiernos regionales (pues algunos de los proyectos afectados se desarrollan en zonas como la selva peruana), así como de la Iglesia católica.
"Es preocupante que estos decretos puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio", señaló la Iglesia en un comunicado rubricado por varios obispos de la Amazonía peruana, así como el presidente de la Conferencia Episcopal, Miguel Cabrejos.
Una de las opciones para derogar los decretos pasa por un debate en el Congreso peruano, donde el Partido Nacionalista Peruano (PNP) presentó el 25 de enero una propuesta de debate, sin que hasta el momento éste se haya incluido en la agenda del parlamento.
El ente estatal encargado de otorgar las concesiones, "Pro Inversión", ha defendido los decretos asegurando que aunque la concesión se pueda otorgar administrativamente sin el informe ambiental, la obra nunca podrá iniciarse si éste no se presenta previamente.
Entre las obras que se benefician de estos decretos figuran algunos de los proyectos estrella del Gobierno de Alan García, como el Terminal Norte Multipropósito del Callao, la línea 1 del tren eléctrico de Lima o el nuevo aeropuerto internacional de Cuzco.
Fuente: Lima, 9 (EFE).-
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