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Implementación de Sistema Único de Salud demolerá la CNS
09 feb 2011
Fuente: LA PATRIA
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La salud universal y gratuita es un derecho democrático que debe ser financiado por el Estado y no ser una nueva carga en las espaldas de los explotados. Su aplicación no debe significar la destrucción de los actuales entes gestores ni la depauperación de la calidad de los servicios de salud, expresó el principal líder del magisterio Daniel Ordoñez, respecto al proyecto de Ley del Gobierno sobre el Sistema Único de Salud (SUS).
“La Ministra de Salud, Nila Heredia ha anunciado que se trabaja en un proyecto de ley sobre el SUS que significa la universalización del servicio gratuito de salud. No se trata de una medida social inédita puesto que la socialdemocracia lo ha puesto en vigencia en la mayoría de los países de Europa. Se trata de una medida democrática que beneficiaría al conjunto de la población haciendo que la salud pase de un privilegio de pocos a un derecho de todos”, sostuvo.
Sin embargo, Ordoñez indicó que el problema está en la manera cómo el Gobierno pretende ponerla en práctica y esto incluye el gravísimo problema del financiamiento (garantizar su sostenibilidad a largo plazo) y la infraestructura hospitalaria.
El proyecto en cuestión, en su artículo 4, señala: “El SUS estará constituido por los centros de salud públicos, de la seguridad social, universidades, Fuerzas Armadas y por instituciones sin fines de lucro”. Esto significa que el Gobierno pretende dar cabida a 10 millones de bolivianos en la infraestructura hospitalaria existente y deficiente, donde acude menos del 30 % de la población.
“Por ejemplo, ahora, debido a la implementación del SUMI (Seguro Universal Materno Infantil), del seguro de vejez y otros, los hospitales de la Caja Nacional de Salud (CNS) están materialmente colapsados provocando una caída vertiginosa en la calidad del servicio de salud; es como pretender alojar en una vivienda construida para cinco personas a veinte, con la agravante de que aquellos que ya tienen seguro de salud vean enormemente desmejorado un servicio que ya era de mala calidad”, explicó Daniel Ordoñez.
Por otra parte el artículo 7 dice: “Para el financiamiento se creará un fondo que está constituido por los recursos nacionales, departamentales, municipales y del TGN (Tesoro General de la Nación)”. El actual aporte patronal con que se financia el seguro a corto plazo, también pasaría a ese fondo de financiamiento.
El documento señala que el Estado aportaría con el 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), subiría el actual aporte patronal para el seguro a corto plazo del 10 al 12 %, se grabarían impuestos al tabaco, al alcohol y a las remesas que llegan del exterior que también serían parte del financiamiento del SUS y la cooperación internacional. “En cuanto a los gobiernos departamentales y municipales, sabemos que se debaten en una iliquidez crónica que frecuentemente les obliga a postergar la ejecución de proyectos importantes para sus regiones”, manifestó.
Los gobiernos departamentales y los municipios, actualmente manejan los hospitales de primer, segundo y tercer nivel de manera deficiente. Además hay que tomar en cuenta que el nivel de ingresos de los departamentos y de los municipios no es homogéneo, existen sectores de ingresos miserables que de manera inevitable se reflejarán en el servicio de salud provocando una especie de discriminación con referencia a los sectores de mayores ingresos.
“Lo inaudito es que el gobierno pretenda incautar a los trabajadores el 10 % del aporte patronal para el seguro a corto plazo que, bien entendido, es parte del salario que el patrón paga al trabajador en especie (en seguro de salud)”, dijo el dirigente del magisterio.
No se trata de hacer demagogia con las necesidades vitales de la población; cuando se lanzan medidas sociales como el SUS es criminal pensar en su aplicación a costa de poner en riesgo lo que ya tienen los trabajadores, medida que necesariamente se reflejará en un deterioro de la calidad de los servicios de salud, manifestó.
“Para evitar una nueva aventura irresponsable del Gobierno es preciso organizar una movilización nacional para exigir que el SUS sea íntegramente financiado por el Estado. Debe cumplir con lo que manda la nueva constitución que dice que la salud es un derecho humano que el Estado está en la obligación de garantizar”, finalizó Ordoñez.
Fuente: LA PATRIA
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