Presidente Morales convierte a Bolivia en un “Estado forajido”
07 feb 2011
Fuente: Redacción Central, 6 (ANF).-
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Para el sociólogo internacionalista, Edson Vélez, el gobierno de Evo Morales convirtió a Bolivia en un satélite jurídico fuera de la órbita de la legislación internacional, un “Estado forajido”, donde los colaboracionistas con el régimen se benefician mientras la oposición y el pensamiento disidente están proscritos.
En criterio del analista residente en Ecuador, no es exagerado definir a Bolivia como un estado al margen de la legislación internacional dado que sus leyes lo han desmarcado del sistema convencional. “Hasta ahora cuatro leyes promulgadas por Morales y una decena de resoluciones dictadas por jueces y fiscales nombrados por el Ejecutivo vulneraron seis convenciones de la Carta Interamericana”, sostuvo.
“Quizá el estado boliviano aún no esté proscrito, eso usualmente demanda de un cierto tiempo como en el caso de Milosevic, pero lo cierto es que ya es un Estado forajido, que ha optado por violar abiertamente derechos protegidos internacionalmente y vivir como una isla al margen de la jurisprudencia convencional”, dijo Vélez, sociólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador.
En su criterio no es posible entender de otra manera que, de un grupo de imputados por terrorismo algunos permanezcan recluidos en la cárcel de San Pedro (mencionó a Elod Toasó y Hugo Paz), mientras otros son remunerados por funcionarios de gobierno y deambulan libremente pese a tener orden de captura como en el caso de “El Viejo”.
“A analistas críticos al Gobierno como Fajardo (Erick) o el escritor Martínez (Emilio) diputados del MAS tienen el tupé de dictarles sentencia pública por “terrorismo mediático” y ordenar a través de los medios de comunicación que fiscales y jueces los procesen, pero el delator del caso Rózsa (Ignacio Vargas Villa) campea a sus anchas por santa Cruz, al igual con el teniente George Peter Nava y el capitán Walter Andrade, mientras la justicia hace la vista gorda”, dijo.
El comentario alude a expresiones vertidas días atrás por el asambleísta del MAS y dirigente alteño, Roberto De La Cruz, que pidió a la justicia castigar lo que consideró expresiones desestabilizadoras de dos “ideólogos de derecha camuflados de analistas”.
Vélez agregó que esos elementos contradictorios fundamentan su tesis del “estado forajido”, donde la ley se administra con arreglo a la conveniencia del Ejecutivo. “Eso sólo es posible en un estado sin contrapesos ni control de constitucionalidad, pero además marginal a la justicia convencional”, señaló.
Para el sociólogo residente en la Flacso el gobierno de Morales es un régimen duro que ejecuta un “hábil transformismo político” en los escenarios internacionales.
“Morales ostenta una astucia sin precedentes, porque encantó con su retórica indigenista a la comunidad internacional, fingiendo la actitud austera de un gobierno popular para ocultar las dispendiosas comodidades del presidente, haciendo leyes contra el racismo y la corrupción que en realidad está dirigidas a cancelar convenciones internacionales sobre derechos humanos”, manifestó.
LEYES
Ley Número 003, o “Ley corta” del Órgano Judicial y Ministerio Público, que habilita al Ejecutivo a nombrar jueces y fiscales de manera interina, violando el derecho a un juzgador imparcial.
Ley número 004 o Ley de Lucha contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que suspende la presunción de inocencia.
Ley número 007, Ley modificatoria del Código de Procedimiento Penal, que incorpora al ordenamiento jurídico figuras que violan convenciones protegidas por el sistema interamericano de justicia, al autorizar el juzgamiento retroactivo y el juzgamiento en rebeldía.
Ley número 045, o “Ley antirracismo”, que penaliza el derecho a la información y a la libre expresión.
Presunción de inocencia, derecho a no ser perseguido por ideas políticas, derecho a no ser juzgado en ausencia (o rebeldía), derecho a no ser proscrito de por vida salvo haber cometido crímenes de lesa humanidad, derecho a no ser juzgado con retroactividad, derecho a un juzgador imparcial (justicia independiente) y al debido proceso.
Fuente: Redacción Central, 6 (ANF).-
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