Cómo eliminar el contrabando de gasolina y diesel

Comencemos con los denominativos que se dieron al D.S. 0748. “Gasolinazo” es el nombre que el pueblo llamó al alza de precios de la gasolina y diesel y que el Vicepresidente lo llamó “nivelación”. Entonces, para creerle al Presidente Morales que realmente gobierna obedeciendo al pueblo, debería nomas aceptar el denominativo de “gasolinazo”.

LAS CIFRAS DEL “GASOLINAZO”

De acuerdo al artículo publicado en La Razón del 24 de enero, antes de la “nivelación” los surtidores fronterizos vendían 3.3 millones de litros (MML) de gasolina y 4.75 MML de diesel por día. De acuerdo a la investigación del Ministro, en los 5 días de vigencia del Decreto, disminuyó la venta de gasolina a razón de 500 mil litros por día y 1.9 (MML) de diesel también por día. Por deducción, el Ministro Arce “descubrió” (¿casualmente?) que esos 500 mil de litros de gasolina y 1.9 MML de diesel son los que habrían sido contrabandeados diariamente.

Extrapolando cifras, en un año (360 días) se habrían contrabandeado 180 MM de litros de gasolina y 684 MM de litros de diesel. A los precios de 3.74 Bs el litro de gasolina y 3.72 Bs/L de diesel, en un año el Estado perdió por contrabando, 673 MM de bolivianos por la gasolina y 2.544 MM de bolivianos por el diesel. Sumando ambos, la pérdida anual pasaría los 3.217 millones de bolivianos que al tipo de cambio de 7.04 Bs/$us, supera los 457 millones de dólares, que resultaría ser lo que el Estado ha perdido el año 2010 por la vía del contrabando y no solo 150 que mencionó el Vicepresidente.

Ahora bien, si continuara vigente el contrabando; es decir, si el gobierno no tomara ninguna acción para eliminarlo y asumiendo que se mantendrían constantes los volúmenes contrabandeados, el año 2011 el gobierno sería responsable por la pérdida para el Estado boliviano de otros 457 millones de dólares. Si a esos 914 MM de dólares sumamos la fuga producida en los años 2006 al 2009, las cifras oficiales se quedarían cortas y posiblemente pasarían los dos mil millones dólares.

SUBVENCIONES

En su exposición del 26 de diciembre, el Vicepresidente afirmaba que el año 2010 el Tesoro General gastó 666 millones de dólares por la compra de diesel y gasolina y que en base al descubrimiento del Ministro Arce, 457 MM de dólares se fueron al contrabando y los restantes 209 millones a la subvención, cifra muy inferior a los 380 millones que mencionó el Vicepresidente. Al publicar cifras erróneas y con enormes diferencias numéricas, se incrementa la responsabilidad de los gobernantes, además de permitir la fuga al exterior, no sólo de 150 millones, sino de 457 millones de dólares el año 2010.

De ser reales estas estimaciones, ciertamente debía lanzarse un “gasolinazo” pero muchos meses atrás (sino años) y en dosis graduales. En medicina, el cáncer se lo puede curar al inicio, pero si la metástasis ya atacó a otros órganos, el desenlace es fatal. En nuestro caso, la metástasis habría llegado a la canasta familiar ocasionando la disminución del valor adquisitivo, subiendo los precios, escaseando los alimentos, etc. lamentablemente, en el afán de remediar la tardanza, parece que al enfermo desesperadamente se le aplicó un garrotazo, antes de haberlo tratado oportuna y gradualmente. La subvaloración del contrabando y la sobrevaloración de la subvención, entre otros factores, serían las causas para la tardanza y posiblemente para la abrogación del D.S. 0748.

RESPONSABILIDADES

Cuando el Presidente Evo Morales deslinda responsabilidades por la pérdida de 457 millones de dólares el año 2010 y las que vengan a futuro, parece decirnos que no tomará ninguna acción para reprimir el contrabando de combustibles y sería entonces el pueblo el que debiera hacerse cargo de las mismas y empobrecerse más de lo que actualmente está. Como en los hechos no sería aceptable tal situación, y si el Presidente insiste en delegar responsabilidades al pueblo -a este pueblo que ya carga muchos problemas sobre sus espaldas- no le quedaría más remedio que elegir un nuevo gobernante capaz de asumir sus responsabilidades y extreme esfuerzos para cumplir con su deber de evitarle pérdidas económicas al erario y sufrimientos al pueblo boliviano.

Como eso no es lo que los bolivianos y el Gobierno del MAS queremos, y comprendiendo la angustia del pueblo, el Presidente hace bien en proponer acciones como la de recompensar a los denunciantes del contrabando, disposición que anteriormente no tuvo éxito, tal vez por el bajo porcentaje o por el temor a represalias, tal como en los últimos días sucedió en la India, donde el denunciante perdió la vida (La Razón-Secc. New YorK Times del 29/01/2011); o porque las “coimas” son mayores a la recompensa, por ello sugerimos otras medidas adicionales, como veremos a continuación.

ACCIONES CONTRA EL CONTRABANDO

Parece que el descubrimiento del Ministro Arce Catacora y la denuncia de un surtidor por cada 10 kilómetros, obligó a clausurar algunos surtidores en la ruta al Desaguadero. Sin embargo las acciones deben ir más lejos. En primer lugar, revocar todas las autorizaciones de funcionamiento y emitir algunas provisionalmente. Investigar las órdenes y/o licencias emitidas para el funcionamiento de tantos surtidores. Seguramente se detectarán casos de corrupción como el descubierto en un pueblo rural donde pagando $us 1.750 obtuvieron un permiso ilegal de funcionamiento (La Razón del 26/01/2011). ¿Cuántos de este tipo de casos existirán en todo el país? Trabajo para la Contraloría y el Ministerio Anti Corrupción.

En segundo lugar, investigar en el terreno el destino de los combustibles vendidos por los surtidores corruptos. Al no existir grandes fábricas, fundiciones, minas ni otras actividades que consuman grandes volúmenes de gasolina y diesel, no se necesita ser muy inteligente ni preciarse de gran descubridor para deducir que salen al exterior.

En tercer lugar: ¿Quién controla el paso de mercaderías y combustibles por las fronteras del país? Todos dirán que es la Aduana, pero de acuerdo al Art. 244 de la CPEP, las FF.AA., a la par de cuidar las fronteras, “tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia y estabilidad del Estado, (…), garantizar la estabilidad del Gobierno y participar en el desarrollo integral del país”. Si asimilamos estas misiones al campo económico-social, serían las Fuerzas Armadas las que complementarían el trabajo que realiza la Aduana y de ese modo jugar un rol determinante en la eliminación del contrabando en todas sus formas y modalidades. El “gasolinazo” ha demostrado que el D.S. 0748 ha atentado a la estabilidad social del Estado, a puesto en riesgo la estabilidad del Gobierno; en fin, podría decirse que ha activado una bomba de tiempo social presta a estallar en cuanto vuelva a tomarse una medida similar al “gasolinazo” de Navidad.

Respecto a la facturación, además del IVA las gobernaciones deberían implantar disposiciones para regular y controlar la venta de combustibles; cobrar impuestos o tasas regionales por el uso de carreteras (como lo hacen las Alcaldías) para desincentivar el contrabando, generando de ese modo ingresos para los pueblos fronterizos y en general para los Departamentos. Finalmente, en base a censos a cargo del INE, se debería establecer un “ratio” que defina un surtidor por un determinado número de vehículos y/o habitantes a fin de regular la concesión de permisos. Para las otras actividades de tipo industrial, deberá autorizarse el funcionamiento de surtidores especiales para la atención específica a esos rubros.

SECUELAS

Lo lamentable es que aún tomando las medidas que correspondan, la economía familiar ya ha ingresado en una aguda crisis por lo que cualquier elevación de precios de los carburantes incidirá en la estructura de precios de todos los productos, servicios y salarios. El D.S 0748, pese a su abrogación, podría decirse que ha pateado un avispero cuyas abejas están picando a todos, afectando más a los que menos tienen -pobres y clase media paupérrima-, los que en defensa de su economía, en el pasado han ocasionado la abrupta salida de algunos gobernantes de turno, conforme refiere la historia. Si quiere evitar acontecimientos como aquellos del pasado y los actuales de Túnez, Egipto y otros, el Gobierno está a tiempo de asumir responsabilidades y tomar acciones inteligentes.