Cárdenas asumirá defensa en juicio de responsabilidades pese a ser ilegal
02 feb 2011
Fuente: La Paz, 1 (ANF).-
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A considerar que en el país no existen las más “mínimas condiciones para juicios imparciales”, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas dijo, este martes, que asumirá su defensa para demostrar en las distintas instancias que el proceso en su contra es “político partidario y no tiene sustento jurídico”.
La ex autoridad advirtió que tras la propuesta acusatoria existen “motivaciones política” guiadas desde el Ejecutivo para iniciar procesos en su contra y los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.”A pesar de que no hay las más mínimas condiciones para un juicio imparcial, vamos a asumir nuestra defensa tratando de demostrar a las distintas instancias que este es un proceso político partidario, que no tiene nada de jurídico, menos institucional. Pero obviamente vamos a asumir nuestros recaudos legales en la medida de los posibles dentro, o, fuera del país”, dijo la ex autoridad de Estado a la ANF.
Añadió que al tratarse de procesos particulares, cada uno de los ex presidentes deberá asumir su defensa, toda vez que existen acusaciones diferentes. “Entiendo que las acusaciones son particulares, veremos de qué se trata y en función a ello asumiremos lo que mejor sea conveniente”, sostuvo.
Según Cárdenas, cuando ocupó el cargo de presidente interino en el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) no firmó ningún convenio. “Eso es falso, el presidente titular, o, interino jamás firma ningún contrato ni el actual presidente ni los del pasado. Quien firma contratos son los presidentes de YPFB, o, en el caso de minería COMIBOL, eso dice la Ley y la Constitución Política del Estado (CPE)”, precisó.
Las declaraciones del ex Vicepresidente surgen luego que la Comisión Mixta de Justicia Plural del Senado y de Constitución de la Cámara de Diputados anunciaran que la próxima semana, la Asamblea Legislativa analizará los documentos para instalar los juicios de responsabilidades contra los ex dignatarios de estado.
La Comisión Mixta recibió 23 cuerpos y 32 anexos de documentos sobre los contratos petroleros firmados por esos ex presidentes, de un total de 107 contratos firmados entre 1997 y 2006. La próxima semana se definirá que estos procesos deberán ser autorizados por 2/3 de la Asamblea Legislativa, antes de que sean enviados a los Tribunales de Justicia.
En ese contexto, la ex autoridad dijo que su caso no hay ningún delito, “Este tema a prescrito, nunca nos hemos apropiado de ni un solo centavo un solo peso del Estado boliviano”.
“Cada vez que el zapato les aprieta reactivan este tipo de asuntos, ahora con la elevación del petróleo en el mercado internacional, con la elevación del precio del azúcar, el gasolinazo que está próximo, yo creo que el gobierno está muy nervioso y necesita distraer a la opinión pública, por eso en la Asamblea Legislativa están reactivando este asunto”, manifestó.
El ex vicepresidente Cárdenas, será enjuiciado por la firma de contratos petroleros, al igual que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). También serán enjuiciados: Los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005, Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002), Eduardo Rodríguez (2005-2006). Además los ex presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la firma y puesta en vigencia de 107 contratos petroleros sin la autorización congresal.
Los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, están acusados de haber violado la Constitución Política del Estado, al autorizar y firmar contratos con empresas petroleras que no fueron refrendados por el entonces Congreso Nacional.
MISILES CHINOS
El ex presidente Eduardo Rodríguez está acusado de haber permitido que los misiles HN-5 chinos sean desactivados por el gobierno de Estados Unidos y trasladados fuera del país.
La denuncia, que fue presentada por diputados como Evo Morales, fue admitida por la Fiscalía el 14 de abril del 2005. El 4 de mayo de ese año, el entonces fiscal General de la República, Pedro Gareca formuló el requerimiento acusatorio y posteriormente se requirió a la Corte Suprema pida la autorización para iniciar los procesos.
Fuente: La Paz, 1 (ANF).-
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